Por Iván Ruiz Flores
¡Y ya se les quemaban las habas por hacer una reforma electoral! Peña Nieto no pudo eliminar los plurinominales, pero realizó una reforma y a lo mejor las pretensiones del actual mandatario de reducir la Cámara de Diputados no llegan a buen puerto.
La reformitis constitucional electoral sigue siendo el objeto del deseo.
A ciencia cierta no se sabe la razón de que muchos de los presidentes de México, hayan pretendido realizar cambios constitucionales en materia electoral. Han pasado 75 años desde que el Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral y creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la Ley ordenaba la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.
Sólo transcurrieron cinco años, cuando en 1951 (mandato de Miguel Alemán Valdés), el Congreso de la Unión aprobó reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pudiera arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.
Y como 20 años no es nada… y 22 mucho menos que nada, en 1973 (sexenio de Luís Echeverría) va de nuevo: Desapareció la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participaban con voz y voto, los representantes de todos los partidos políticos con registro legal.
Siguió la mata dando, por lo que en 1977 el Gobierno Federal (encabezado por José López Portillo) expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones.
La Comisión, se afirma en la historia dada a conocer por el INE, quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
Una década más tarde, en 1987 (gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado) el Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral.
Sólo transcurrieron otros tres años cuando arribó la gran modificación. En 1990 (sexenio de Carlos Salinas de Gortari) nació el Instituto Federal Electoral, porque como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en ese renglón, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordenó la creación del IFE con la finalidad de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
Un trienio después, en 1993 (del mismo periodo de Salinas) mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada ese año, el Poder Legislativo de la Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones: Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores; expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos y establecer topes a los gastos de campaña
Unos cuantos meses transcurrieron. Y en 1994 se efectuó otra reforma electoral que instituyó la figura de “Consejeros Ciudadanos”, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran.
Sólo pasaron dos años más. En 1996 (con Ernesto Zedillo en la Silla Presidencial) el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, se reforzó la autonomía e independencia del IFE; se determinó mediante el artículo 41 constitucional que “la organización de las elecciones es una función estatal”; se creó la presidencia, el consejo general y la secretaría ejecutiva en el IFE y se estableció en 9 el número de consejeros.
En 2007 (sexenio de Calderón) el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones.
Siete años más tarde 2014 (mandato de Enrique Peña Nieto) nació el Instituto Nacional Electoral, autoridad nacional, cuyas funciones son: Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones; garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas; verificar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados; y fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.
Peña Nieto también pretendió llevar adelante otras reformas y fue bateado.
Hoy, la amenaza desde Palacio Nacional contra el INE está latente, tras la ira del que se sienta en el trono, desatada por los resultados en el pasado proceso electoral, denominado el más grande de la historia de México.
¿Qué pasará?
Ya se corren apuestas.
