Por Jesús Michel Narváez
Al presidente le importa el “pueblo”, aunque no define cuál, porque pueblos son aquellos en donde viven sus pobladores. Por lo menos eso es lo que define la Real Academia Española que, guste o no, es la que marca el uso del español. Y por cierto, lengua oficial de México.
Durante su gestión ha destinado más de un billón de pesos para “fortalecer a las empresas productivas del estado” sin que se observe resultado alguno.
Su mundo se circunscribe a exponer que no ha habido gasolinazos cuando los precios de los combustibles están muy por encima de los registrados en 2018; afirma que se buscará una reforma constitucional en materia de energía eléctrica -al ser suspendidas las reformas de la Ley del Servicio Eléctrico- para que el pueblo pague menos por el consumo, porque los de “antes” buscaron destruir a la Comisión Federal de Electricidad mediante el otorgamiento de privilegios a las empresas extranjeras, principalmente Iberdrola.
Seguramente el ciudadano que reside en Palacio Nacional bajo contrato de arrendamiento por seis años, no paga la energía eléctrica. Lo más probable que tampoco cubra el consumo de su casa en Tlalpan y menos en su finca de Palenque. Porque de hacerlo sabría cómo se han incrementado los costos para los consumidores que no han modificado su estatus y por tanto deberían pagar lo mismo que en bimestres anteriores.
Nadie discute las buenas intenciones. Sin embargo, una nación no se gobierna solamente con ellas, sino con acciones que beneficien, en realidad, a sus pobladores.
Decir textualmente: “¿cómo me voy a quedar callado, a cruzar de brazos?, ¿cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo?”… es una más de las mentiras que rodean a la 4t. Es la manipulación de la realidad que, sorprendentemente, sus fans no quieren admitir, no la quieren ver y menos reconocer que su guía está equivocado.
Según su análisis, no importa si Morena y sus aliados carecen del número de diputados para aprobar una reforma constitucional, él enviará la iniciativa, probablemente con etiqueta de preferente para que se discuta, apruebe o rechace en 30 días.
Cuestionó a los jueces que otorgaron amparos y por ello justificó su propósito de reformar la Constitución, aunque presumiblemente está consciente de que a su partido y aliados no les alcanzan los números para conseguir su aprobación.
“La reforma es necesaria para garantizar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar el aumento de precio de la energía”.
Defensor a ultranza de un nacionalismo inexistente que solamente surge cuando se trata de intervenciones extranjeras en el país y que no se concretan a la inversión para generar empleos, el presidente se aferra a su verdad y al rescate de las empresas que en algún momento fueron la mina de oro para quienes las dirigían y compartían las ganancias con el Gobierno federal que, en Pemex representaba el 40 por ciento de recursos fiscales para el PEF.
Las cosas cambiaron. El mundo cambió. El precio del crudo no tiene palabra. Los consumidores optan por energías limpias. Los fabricantes de automotores van en el camino de dejar de producir automotores a combustión interna. Decenas de ciudades del mundo utilizan energías solares y eólicas. El presente lo demanda y el futuro lo exige.
Nada convence al presidente de modificar su política energética -como tampoco las otras- y su decisión es clara: inyectar recursos públicos a la CFE y Pemex, aunque hayan demostrado que son barriles sin fondo. Lo primero es demostrar que nunca se equivoca y si lo hace repite la operación para que todos la aprendamos.
PD: ¿Si no pasa su iniciativa de reforma constitucional acusará a los legisladores que la frenan de traición a la patria? Es pregunta.
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