Por Jesús Michel Narváez
Quedaron atónitos. No lo podían creer. Habían tejido, burdo, pero tejido para salirse con la suya. Y la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, marca un mañana lleno de esperanza por la conservación del federalismo.
Hombre de leyes, propuesto por el presidente López y ministro desde el 20 de diciembre de 2018, reivindica la separación de Poderes y el apego a la Constitución.
Al haber rechazado la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas, por notoriamente improcedente, no hizo otra cosa que aplicar el artículo 111 constitucional.
Sabido es, pero en la Cámara de Diputados se hicieron los ignorantes, que la última palabra para el desafuero de un gobernador, la tienen los congresos estatales. Por ello, el ministro González Alcántara, hizo lo que tenía que hacer: garantizar la constitucionalidad y respetar la soberanía de los estados y sus tres poderes.
Mientras Francisco Javier Cabeza de Vaca sea gobernador hasta el 30 de agosto, seguirá siendo el mandatario de la entidad.
Por el momento, diríase que es un hombre con fuero y libre…
Sin embargo, la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República -debó haber sido la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales- y que sirvió para solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador a fin de procesarlo por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal, no se cierra y al término del mandato podría ser procesado.
El defensor de Cabeza de Vaca, el jurista Alonso Aguilar Zinser, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) podrá seguir investigando, sin embargo, no podrá ejercer ninguna acción penal debido a que aún mantiene el fuero.
Explicó que conforme a la resolución del ministro Alcántara Carrancá, la Fiscalía y ningún juez, puede solicitar una orden de aprehensión en contra de su defendido.
Más allá de que las acusaciones pudieran tener o no sustento, lo fundamental del caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió en defensa de la soberanía de los Estados y la independencia de los tres poderos locales.
Por supuesto, en Palacio Nacional no cayó nada bien la resolución del ministro y menos en la Cámara de Diputados. Seguramente tampoco al senador Ricardo Monreal le agradó la medida, porque había propuesto la desaparición de poderes en caso de que el gobernador y su congreso no acataran la decisión de la Cámara de Diputados, cuyo peso es el de inatacable.
Es probable -porque nunca hay nada seguro- que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la propia Cámara de Diputados impugnen la decisión del ministro de la Segunda Sala, aún a sabiendas que una decisión de la Corte es incuestionable. Así es lo que mandata la Constitución.
Y seguramente en Palacio Nacional se acabaron las carcajadas y surgió la ira.
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