Por Jesús Michel Narváez
No es novedad. Las aseguradoras hacen todo lo posible por no pagar las pólizas de cualquier tipo de siniestro. Hace un par de días, la empresa con la cual el Metro contrató un seguro de “riesgos”, que incluye accidentes e incidentes, anunció que se pagaría al Sistema de Transporte Colectivo y no a los afectados por la tragedia del lunes 3 de mayo en el que fallecieron ya, hasta ahora, 26 personas y cerca de 40 de los 79 lesionados, siguen hospitalizados.
Durante décadas las empresas dedicadas a “salvar vidas y salvaguardar bienes”, dedican sus mejores esfuerzos para encontrar las “fallas” de los reclamantes, las mismas que se hallan en las “letras chiquitas”. Lo mismo ocurre con un seguro amplio de automóviles o de casas habitación; los de gastos mayores son el mejor negocio de las aseguradoras y los de vida, no se diga.
Es extraño que la Comisión Nacional Bancaria, de Valores y Seguros, cuyo titular es Bernardo González Rosa, no haya encontrado la forma de ordenar los mecanismos con los que actúan las aseguradoras y les siga permitiendo abusar de quienes, confiados en tener un seguro para lo que se necesita, siempre salen perdiendo.
Con la tragedia del pasado lunes, afloró la mezquindad de las empresas y brotó, como hongo en tiempo de lluvias, la ignorancia -o mala fe- de quienes ofrecen garantizar la reparación de daños, incluida, la pérdida de la vida.
Ahora se dice que cada familia de los 26 -quizá para hoy sean más- muertos en el accidente de la Línea 12, recibirá 650 mil pesos.
¿Eso vale una vida?
Quizá para quienes nunca han tenido más allá de lo suficiente para adquirir la canasta básica, sea una fortuna. Sin embargo, la reflexión me lleva a suponer que la pérdida de un hijo, un padre, una madre, vale más en el amor, la comprensión, la compañía, la familia completa que un “puñado de pesos”.
Más allá de lo que signifique recibir esa suma, lo que se tiene que revisar el modo de operar de las empresas aseguradoras, que año con año, elevan el costo de las primas y de manera alarmante en el seguro de gastos médicos mayores. El argumento es: entre más edad tiene el beneficiario, más propenso a enfermedades graves está.
En el de vehículos, que mes a mes se deprecian en su valor, a las aseguradoras no les importa que, por ejemplo, una salpicadera cueste menos. Ellas, de todas formas, incrementan en el doble, cuando menos, a la inflación el precio de la póliza. Y aunque existe el compromiso de reparar los daños en una agencia, tienen talleres de “cuarta” -para estar a tono con la transformación- en donde los hojalateros y pintores parecen a ver sido sacados de la Buenos Aires.
Las aseguradoras, como se ha visto en el caso del accidente, no incidente doctora Sheinbaum, optaron por “seguir las reglas” -que son las del jinete del apocalipsis- y decidieron no cubrir los reclamos de los deudos sino pagarle al “cliente”, cuyas siglas son las del STC.
De ahí el reclamo: ordenar los mecanismos por los cuales se rigen quienes cobran y mucho y pagan excesivamente poco. Habría que preguntar: será pública la entrega de recursos o se quedará en el oscuro cuarto de la impunidad.
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