*No Cuenta con Recursos Para la Elaboración del Padrón
*Se Tendrán que adquirir Equipos con Tecnología Militar
*Se Busca Localizar a los Extorsionadores en Tiempo Real
*Fiscalías y Cuerpos Policíacos, Accederán a la Información
Por Alberto Almazán
Propuesta del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Alfonso Durazo Montaño, para evitar que desde los reclusorios salieran llamadas de teléfonos celulares, finalmente después de “analizar” profundamente cómo instrumentar la ley, hoy los usuarios de móviles tratan de entender para qué tendrán que entregar sus datos personales a través de la biometría a los proveedores de servicios. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) se le otorga la responsabilidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil sin ampliar su presupuesto. “Si no contamos con equipos que protejan la información, no subiremos el suich”, se comenta en el organismo,
Ante los reclamos y la incertidumbre que surge de los usuarios, Misión Política entrevistó al Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Rafael Eslava Herrada y le preguntó:
¿Por qué se le tienen que dar los datos personales a los que venden los celulares? Como se aprobó la reforma a la ley de Telecomunicaciones no sabremos a quién le damos la información y estaremos en manos de quién sabe quién…
El funcionario no rehúye el planteamiento. Sin adornos ni evasivas, responde:
“Su pregunta es pertinente porque la ciudadanía esta desconcertada, con dudas respecto a este nuevo encargo legal, porque de ahí deviene la obligación de los operadores, de recabar esa información, los operadores, hay que ser claros, no pidieron crear el registro, no pidieron participar en ese esfuerzo, eso fue una iniciativa que primeramente emanó de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, donde ante los altos índices de criminalidad, muy particularmente el delito de extorsión telefónica, identificó como opción pertinente para detener esta problemática, precisamente la creación de este padrón”.
(En el informe sobre seguridad presentado por la nueva titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez y dado a conocer en la conferencia presidencial, se reconoció que el delito de extorsión aumentó en marzo con respecto a abril).
Definir quiénes participarán en las nuevas reglas para tener una línea de telefonía móvil, no es una tarea sencilla.
Eslava Herrada lo hace:
“Hay tres principales actores: primero los usuarios de telefonía, que somos el principal actor, porque somos los que tenemos que dar nuestra información, en segundo lugar son los operadores telefónicos, donde la ley establece que ellos serán los primeros encargados de recabar de sus propios usuarios la información que se nos pide en la ley y tercero el IFETEL, donde creo que tiene la mayor responsabilidad en todo este proceso, porque a nosotros nos corresponderá primero que nada validar la información que se nos entregue, pero segundo y de mayor importancia o más delicado el tema: resguardar la información de todos los usuarios de telefonía, y solo dar el acceso y compartir la información en los casos que la ley así lo establezca”.
Esta información sobre el pedido por parte de la SSPC, se aplicaría a los reclusos, no a los usuarios comunes y corrientes que no debemos nada a la justicia. ¿Por qué generalizó?
El alto servidor público el órgano autónomo que tiene la responsabilidad de controlar todo lo relativo a las telecomunicaciones federales, atiende la interrogante:
“Es correcto y eso fue parte de muchas menciones durante el proceso legislativo, aparte de las diferentes voces de la sociedad civil, de los propios operadores que participaron en el proceso legislativo y nosotros mismos participamos activamente en los foros de discusión en la en ese entonces iniciativa de reforma legal.
Nosotros nos encargamos de formar una opinión técnica regulatoria enfocada al ámbito que nos compete, y señalamos algunas preocupaciones y algunas situaciones que veíamos que no estaban del todo claro en ese momento en el proyecto de reforma de ley.
Trata de aclarar dudas sobre si las entidades deberían tener esa información o si era la vía idónea, precisamente para terminar con el delito de extorsión, habiendo otras ya probadas, que funcionaban eficazmente desde hace tiempo, como el bloqueo de señales de celulares en centros penitenciarios. Hay acciones que se vienen haciendo y ejerciendo desde hace años en trabajo coordinado con los operadores, con las instancias de seguridad pública y el IFETEL, que ya venían observando buenos beneficios.
Repito: la Secretaria de Seguridad Pública estimó que había que redoblar esfuerzos y determinó que la forma idónea fuera mediante la creación de este padrón.
Entonces voy a comprar mi teléfono y hasta dentro de dos años entrego mis datos biométricos. ¿El señor Ovidio Guzmán va estará obligado a entregar sus datos?
“Es una pregunta complicada y efectivamente es uno de los argumentos que IFETEL dio como información en el proceso de consulta de la iniciativa de ley, el hecho de que no veíamos un escenario probable que un delincuente efectivamente fuera a entregar sus datos y luego utilizara el teléfono para delinquir, lo que es una situación previsible que no va a suceder.
“En el IFETEL no somos expertos en seguridad pública, no somos expertos ni nos compete, pero los legisladores seguramente vieron esa situación, la observaron, la analizaron y tomaron una decisión, pero yo creo que este padrón lo que sí debe hacer es disuadir la comisión de delitos con este tipo de tecnologías, de teléfonos celulares.
“Esperemos que el sistema legal rinda los frutos para los que fue creado y nosotros nos dedicaremos a hacer lo que nos toca que es guardar la base de datos y asegurar que la información esté debidamente resguardada y no darla a menos que así lo soliciten los niveles operativos respectivos.
EL PADRÓN, UN RIESGO PARA LOS USUARIOS
Aprobada la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, las voces se alzaron y las cejas se fruncieron. La reflexión era: si el Gobierno tiene todos los datos de los mexicanos a través de la CURP y la credencial de elector; si los bancos cuentan con toda la información personal ¿por qué se le deberá entregar a los operadores y quiénes garantizarán que el padrón no sea expuesto?
Para los legisladores que aprobaron la reforma, el IFETEL será el guardián de los datos personales. Sin embargo, en la Constitución se prevé que sea el INAI el que resguarde los datos personales.
“¿En qué casos, la ley nos señala de manera muy general quienes tendrán acceso a los datos?… serán las entidades de procuración de justicia y seguridad pública cuando estén en persecución de un delito de extorsión. Nosotros, en los lineamientos que habremos de expedir y que regularán el funcionamiento de este padrón, estarán a cargo del IFETEL.
Por lo que habremos de poner a detalle la forma en que operará este padrón, pero en nuestro ámbito de organismo técnico, estamos centrando nuestra atención en el usuario, en que la información que se nos provea, se nos entregue a nosotros para la gran base de datos que se conformará, para que el usuario esté tranquilo, seguro, de que su información no estará dispersa y no se compartirá con alguien que no tenga facultad legal para tener la información y en ese sentido garantizar, en la medida de lo posible, la invulnerabilidad de los sistemas que resguarden esa información!, explica.
Parece haber una violación al artículo 16 de la Constitución, en donde dice que nadie puede ser escuchado en sus conversaciones personales sin una orden de un juez. ¿Cómo van a decirnos que hay una orden judicial para escuchar nuestro teléfono?
“Estamos hablando de dos temas diferentes, a lo mejor usted se refiere a algo que si implicaría ya un mandamiento judicial, que es la intervención de comunicaciones, pero este no es el caso, este padrón únicamente de lo que estará integrado es de información.
“¿Qué información?: nombre, identificación, datos biométricos y domicilio, que es básicamente de los usuarios, habrá otra información que brindan los operadores, como el tipo de línea ya sea una de prepago o de pospago, fecha de activación del servicio, si el usuario es nuevo o anterior, eso es lo que guardara el padrón y nada tiene que ver con intervención de comunicaciones y el mandato es un arco legal de como deberá conformarse el padrón.
Se entregará la información a las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública, y en IFETEL seremos los encargados de los lineamientos de regular la operación del padrón y nos encargaremos de establecer con toda claridad qué funcionario podrá tener acceso.
Porque usted lo señala bien: no todos los encargados de las corporaciones tendrán acceso, y trataremos de hacer lineamientos sólidos.
¿Tiene el IFETEL los recursos para elaborar el padrón, comprar los equipos donde se resguardará la información y contar con una chapa con siete llaves y siete candados para que no la pueden abrir los hackers?
No le sorprende la pregunta. La toma, incluso, con humor.
Rafael Eslava Herrada señala:
“Muy buena pregunta: no tenemos el presupuesto”.
Enseguida explica que ya iniciaron los acercamientos con la Secretaria de Hacienda y los legisladores para la ampliación de presupuesto.
“Nosotros queremos adoptar un sistema con candados y llaves, pero eso implica la erogación de un gasto considerable, porque precisamente al tratar de adquirir sistemas, que sean invulnerables, porque es hasta de película, estamos hablando de sistemas con grado militar, porque tenemos que adquirir sistema de última generación, con huellas de quien tiene acceso en qué momento, para que el resguardo sea confiable.
“Nosotros como funcionarios del Instituto, estamos interesados en blindar estos sistemas y no tenemos el presupuesto, el mandato legal nos da un periodo de tiempo de un año para que se inicie, pero si no contamos con una herramienta confiable al paso de este año, no nos atreveremos a prender el suich de ese padrón, por no contar con una herramienta segura donde se resguarden los datos de manera segura”.
Una reforma de ley que ya fue impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarse que es inconstitucional.
