Por Jesús Michel Narváez
En 1994, el presidente Zedillo envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reducir el número de ministros que en ese tiempo sumaba 27 para dejarlo en 11, como se conserva hasta la fecha.
No se hizo una NUEVA CORTE. Se modificó su estructura y con ello también la duración en el encargo de los nuevos ministros. Olga Sánchez Cordero es el ejemplo vivo de la permanencia en la Corte.
Hay que hacer otra diferencia: cuando se reformó el IFE y se convirtió en INE hubo reforma constitucional no solamente de la Ley Orgánica, como ocurrió con la Corte. Y en el cambio del organismo autónomo constitucional no se trastocó un Poder de la Unión. Tampoco se generó modificación alguna como para alterar el orden jurídico. Para mayor seña, las decisiones del INE no tienen el precepto de inatacables. Todas y cada una de las que toma el Consejo General, lo hace de manera colegiada y aunque haya unanimidad o mayoría simple -el INE no opera con mayoría calificada- el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado para ratificar o revertir el acuerdo del INE.
Enfocar las baterías hacia el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pareciera tener la intención de desviar, otra vez, la tormenta que se cierne sobre los techos de Palacio Nacional sin reparar las goteras por las cuales se filtra toda clase de aberraciones jurídicas.
Al lado de Ramírez Cuevas, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, propone “callar a los periodistas para que no hagan preguntas que incomode al presidente”.
En un país democrático y gobernado presuntamente por un demócrata, la libertad de expresión es sagrada. Puede o no gustar lo que se le pregunta el Jefe del Ejecutivo, puede o no gustar lo que sobre sus palabras se escribe, pero de ninguna manera hay falta de respeto o intencionalidad de dañar a su gobierno, como constantemente se queja el ciudadano huésped temporal de Palacio Nacional.
Sorprende que el consejero jurídico, hijo de un periodista reconocido, pretenda colocarles el bozal a los periodistas, a los de a de veras no los títeres que preguntan a modo y bajo las instrucciones del señor Ramírez, para evitar las incomodidades presidenciales.
No. No es así.
Aunque entre lo expresado por Ramírez y por Scherer tiene un tópico de gimnasia, la confunden con la magnesia.
El INE no es la Corte y la Corte no es el INE.
Callar a los periodistas ocurre solamente en países totalitarios y si bien parecería que estamos sobre el camino que conduce a ella, todavía no se cristaliza el deseo de permanecer per saecula saeculorum y en tanto no ocurra, habrá preguntas incómodas y críticas a los actos de gobierno. Nadie se mete con su vida privada. No por lo menos los periodistas profesionales. Los títeres son otra cosa.
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Este es el mensaje de Jesús Ramírez:
El Pte del @INEMexico, Lorenzo Córdova, nombrado consejero electoral en 2011 y debió concluir en 2019. Pero al reformarse el IFE, el Congreso amplió su periodo hasta 2023, dándole 9 años como presidente del INE. Y ahí nadie dijo nada ni se rasgó las vestiduras”.
