Por Jesús Michel Narváez
Definitivamente las mujeres no son prioridad de la 4t y su presidente.
El desdén con el que se les mira y la inacción para protegerlas de las agresiones que van desde una simple reyerta familiar hasta el feminicidio pasando por la violación a manos de malandros o supuestos galanes que buscaron conquistarlas y fracasaron, se refleja en las cifras oficiales.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)e, su reporte correspondiente a marzo, confirma que los feminicidios están al alza y que las violaciones alcanzaron la cifra más alta jamás registrada para un mes.
Cuando los números oficiales, sin contar la llamada “cifra negra” alarman, el tema se convierte en un severo problema para el Estado Mexicano, que tiene la obligación de salvaguardar la vida y los bienes de sus gobernados. La actual administración ha sido omisa, por decir lo menos, en la búsqueda de mecanismos que protejan a las mujeres. En lugar de sancionar a los delincuentes -porque no son otra cosa-, la procuración y administración de justicia -Fiscalías y Poder Judicial federal y estatal- parecieran actuar con dados cargados. Nunca falta el ministerio público o el juez que espete: ellas son las que provocan…
Falso. En época primaveral, se guardan los abrigos, los pantalones en su caso, las botas calientes y emergen las faldas sueltas, las zapatillas, las blusas y afloran los hombros descubiertos. ¿Eso es provocación?
El Gobierno, que no el Estado -ojalá y lo entiendan en Palacio Nacional-, minimiza el hecho de que en solamente un mes se hayan cometido 92 feminicidios y 2 mil 20 violaciones además de 23 mil 709 acciones de violencia familiar.
Tres mujeres son asesinadas cada 24 horas y 67 fueron violadas cada día. Las acciones de violencia familiar alcanzaron 790 diariamente. La descomposición en todo su apogeo.
Mientras esto ocurre e insisto: sin conocer la cifra negra que generalmente rebasa y con mucho la oficial-, el Gobierno federal, con su pastor hablando desde el Púlpito presidencial rehúye su responsabilidad con supina ignorancia al afirmar que “antes no se clasificaba de esa manera” el asesinato de mujeres por razones de género sino como homicidios. Desde 2012 está contemplada la figura en los códigos penales Federal y estatales.
El tema merece atención no palabras que salen de la secretaria de Gobernación que, cada ocasión que puede, habla de “proteger a las mujeres”. No hay, empero, mecanismos para frenar la violencia que, además, se impulsa en Palacio Nacional cuando se les acusa, por reclamar sus derechos, de “servir a los intereses de los grupos conservadores. (Léase: enemigos del presidente López y su gobierno).
Si la titular de Seguridad Pública Ciudadana, Icela Rodríguez no pone en marcha algún programa que reduzca notoriamente el feminicidio y la violación, no tardaremos en regresar -como le gusta a la 4t- a los tiempos de Ciudad Juárez, en donde los asesinatos de mujeres, sobre todo trabajadoras en las maquiladoras, dieron la vuelta al mundo colocando al país entre uno de los “más salvajes”.
Crimen organizado, narcotráfico, contrabando, prostitución, proxenetas e irresponsables parejas, hacen el conjunto de la tragedia que viven las mujeres del Siglo XXI y con la 4t gobernando.
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