*Las Intimidaciones son Suficientes Para Proceder en su Contra
*Esa Conducta Está Tipificada en la Legislación Penal, Pero se Soslaya
*No se Debe Permitir Estar a las Órdenes y Caprichos de Candidatos
*Enfrentar al Órgano Electoral es ir en Contra del Estado Mexicano
*Elementos Suficientes Para la Intervención de Autoridades Competentes
Por Alejandro Zapata Perogordo
En una actitud repudiable y francamente excesiva Félix Salgado Macedonio, hizo alarde de prepotencia exhibiendo, otra vez, su verdadera personalidad, al amenazar a los integrantes del Instituto Nacional Electoral con causarles daño inclusive en lo personal, en caso de que no aceptaran su candidatura al gobierno de Guerrero.
A voz en cuello en un evento público mandó el mensaje dejando entrever que ya sabe quienes son (los consejeros del INE), donde viven, quienes son sus familiares y van a ir a buscarlos. Es evidente la amenaza, completamente fuera de lugar e injustificada.
Valga decir, que ni el propio Presidente en sus mañaneras, con todo y sus excesos verbórreos se ha atrevido a tanto. El morenista Salgado Macedonio cruzó los límites en todas sus formas, en el entendido que esas manifestaciones vienen respaldadas por el partido al que pertenece, amén de ser amigo personal del titular del Poder Ejecutivo, así sus dichos adquieren otras dimensiones.
Ahora bien, el problema no son solamente sus habladurías. Resulta que cualquier persona que aspire a un puesto público si no está de acuerdo con el árbitro se le permite amenazar a sus integrantes con la intención de verse favorecido, aunque ello entrañe una resolución contraria a las reglas del juego.
Por lo visto el concepto que tiene sobre la democracia y las instituciones es peculiar: hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre. No conforme con ello, sostuvo que si no es candidato no habrá elecciones en esa entidad, circunstancia que lleva consigo el rompimiento del estado de derecho, ya que incita a actos de violencia.
Esos motivos son suficientes para proceder en su contra, sin embargo, pese a constituir una conducta tipificada en la legislación penal, se sigue soslayando ese tipo de actitudes sin que ninguna autoridad haga nada al respecto, circunstancia que alienta a imitar el despliegue de conductas similares.
Al atentar en contra del árbitro, también se extiende al desarrollo y valores democráticos del país, se pone en riesgo a las instituciones y personas que las integran, que no pueden ni tampoco se debe permitir, estar a las ordenes ni a los caprichos de los candidatos, por más populares que sean.
El mensaje fue claro y contundente, enfrentar de manera directa y frontal al órgano electoral, significa también ir en contra del Estado mexicano y sus instituciones, máxime que no se trata de cualquier persona, sus circunstancias personales indican que ha ocupado puestos y cargos de relevancia nacional, razón por la cual no es susceptible de ubicarlo como un individuo que desconoce las leyes, por el contrario, la intencionalidad de su actuar se desarrolló con pleno conocimiento de causa.
En ese orden, existen elementos suficientes para que intervengan las autoridades competentes, sin embargo, se advierte una suerte de complicidad y beneplácito, auspiciando la debilidad del árbitro y la proclividad a la imposición.
