Los abogados del ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, señalaron que presentarán al juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, testimonios de dos colaboradores cercanos del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para desmentir las acusaciones en contra de su cliente, como parte del proceso que se le sigue, relacionado con los sobornos que presuntamente recibió para aprobar la reforma energética como parte del caso Odebrecht.
Se trata de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la dirección General de Pemex y Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya. Asimismo la defensa legal del imputado dijo que presentarán otros 20 datos de prueba para demostrar su inocencia.
Este lunes se reanudó la audiencia inicial de Lavalle Maury, en la que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si lo vincula a proceso por operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
El ex funcionario, quien permanece en prisión preventiva desde el viernes pasado en el Reclusorio Norte, fue detenido cuando acudió a desahogar un elemento de prueba.
«Venimos listos para darle continuación a la audiencia. Preparados con datos de prueba que van a ser novedosos y que no han sido expuestos a los medios y que contradicen completamente el dicho de Emilio Lozoya en el que se basa principalmente la postura de la Fiscalía. Se cuenta con la declaración de dos personas de iniciales FOR y RAS que son las personas a quienes Emilio Lozoya en realidad señala como aquellas que realizaron la conducta y que la realidad de las cosas, es que una vez que pudieron ser entrevistadas por esta defensa, niegan completamente los hechos de Lozoya, es decir, todo lo que dicen que se recibió o que se repartió por parte de él lo niegan», señaló el abogado José Joaquín Zapata antes de ingresar a la diligencia.
«Intentaremos contradecir frente al juez que el dinero por el que se le está atribuyendo responsabilidad a nuestro representado es exactamente el mismo dinero que ya está acreditado en diversa causa penal, que forma parte del dinero que se quedó Emilio Lozoya, es decir, no cuadra. Son los mismos montos por los cuales ya se investigó por parte de las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil el asunto de las operaciones de Odebrecht en México».
Asimismo añadió que dentro de la carpeta de investigación no existen las 16 horas de video que supuestamente Lozoya estaba en poder de Francisco Olascoaga, donde según se observa entregando dinero a ex legisladores del PAN.
«Sólo existe un video a 4 minutos y 15 segundos que además, es un video editado, no sabemos de qué fecha es, no sabemos cuándo se grabó, de hecho hay una discrepancia muy interesante en cuanto a la fecha de su creación y en cuanto al uso horario en el que se creó, ese video corresponde a fecha muy cercana y no refleja en realidad una realidad de qué fue lo que pasó en ese video.
«Vamos a oferta varios datos de prueba son cerca de 20. Entre novedosos y algunos que fueron omitidos por la Fiscalía en su planteamiento inicial pero les aseguro que principalmente se cuenta con las entrevistas y que quedarán aquí exhibidas de las personas a las que Lozoya dijo se encargaron de recibir dinero y se encargaron de repartir dinero y que lo niegan por completo». Aclaró que en este asunto no hay imputación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En agosto pasado, el ex director de Pemex mencionó a Jorge Luis Lavalle, junto a otros ex senadores del PAN, en su denuncia ante la Fiscalía como presuntos responsables de actos de corrupción asociados con la empresa Odebrecht, o de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado, lo que dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.
Según Lozoya Austin el dinero los habría entregado a Rafael Caraveo Opengo, operador de los parlamentarios del PAN, sobornos por 80 millones de pesos, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014.
«La denuncia de Lozoya y la declaración de Caraveo no merecen ninguna valoración jurídica porque no fueron obtenidas conforme a las reglas del debido proceso. Lozoya dice que actúa en base a un criterio de oportunidad. la Fiscalía no ha expuesto ningún acuerdo o ningún convenio en el que se le otorgue ningún criterio de oportunidad y que justifique el actuar de la fiscalía», sostuvo José Joaquín Zapata.
