Por Fernando Hernández de la Rosa y Raúl Mondragón von Bertrab
“Hemos vivido con los ojos pelones sin saber qué hacer con la democracia.
De los aztecas al PRI, con esa pelota nunca hemos jugado aquí.”
-Carlos Fuentes, La Silla del Águila
Como en los años más dorados del priísmo, el Presidente convocó a los gobernadores a Palacio y prácticamente todos, Cabeza de Vaca incluido, asistieron a misa. Los convocó para firmar un pacto que no firmaron y buscando un impacto mediático que no se obtuvo. El titular del Instituto Nacional Electoral (INE) fue categórico al señalar lo obvio: no se necesita más que cumplir la ley. También dijo, cierto es, que lo que abone al ambiente democrático es bienvenido, es más, que hubiese asistido él a Palacio de haber sido invitado.
Si bien la actuación de dicha institución, en específico en cuanto a los tiempos de acuerdos recientes, puede ser cuestionable, su sacrifico desde el púlpito matutino presidencial no tiene justificación alguna. En la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el INE es la tercera institución en el país que cuenta con mayor confianza por parte de la ciudadanía.
Hace unos días, mientras referíamos en este espacio el frente común que hace la abogacía mexicana ante los ataques del Ejecutivo, se difundió la comunicación de la Barra de Abogados de Nueva York (New York City Bar Association, City Bar), dirigida al Presidente de México. En una declaración sobria, pero con todo el peso de un referente internacional de la práctica jurídica, la asociación citó las recientes acusaciones de traición a la patria hechas por el Presidente, en contra de los abogados mexicanos que representan a empresas extranjeras que recurren al derecho para oponerse a su reforma energética [sic].
“Las declaraciones del Presidente López Obrador [señalan], han alarmado a las comunidades jurídicas de México y del mundo.” La organización se opone enfáticamente a cualesquier acción o declaraciones del Presidente o de sus colaboradores, que interfieran de manera impropia con el rol de los juristas en México que abogan por sus clientes, por considerarlo una amenaza al imperio de la ley.
Con un recuento de los fundamentos legales que protegen a los abogados y sus derechos de ejercer con libertad e independencia la profesión en nuestro país, con el estilo académico propio de los cursos de educación legal continua sistemática de los vecinos del Norte, citando también los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la ONU, la City Bar determina que la acusación presidencial sin bases es no solo peligrosa, sino contraria a los principios básicos de las Naciones Unidas, aplaude a quienes han levantado la voz y hace un llamado al Presidente y su administración a honrar sus compromisos internacionales para con el imperio de la ley, y a respetar el trabajo de los abogados, sin importar a quienes representen.
Desde su fundación en 1870, la misión de la City Bar ha sido equipar y movilizar a la muy diversa profesión jurídica, hacia una práctica de excelencia, promover la reforma legal y defender el imperio de la ley, el estado de derecho y el acceso a la justicia, en pos de una sociedad equitativa y del interés público, en su comunidad, en la nación estadounidense y en el mundo.
Si los gobernadores -varios de ellos abogados- que acudieron prestos al llamado del Ejecutivo Federal, levantaron la voz sobre las desafortunadas declaraciones que anteceden, no fue muy en alto. Son ellos los titulares del Poder Ejecutivo en cada entidad federativa independiente, libre y soberana. Son ellos el contrapeso natural al poder del Presidente dada su interdependencia conforme al pacto federal.
En el presidencialismo matizado de la era panista, bajo Fox y Calderón, los antes complacientes gobernadores cobraron mayor poder. Uno de ellos trasladó a la capital del país su experimento toluqueño de pandilla y sucedió a aquel último Presidente panista, pero no gobernó solo. Con López Obrador ha resucitado el presidencialismo omnipotente y omnipresente de los años 60 y 70 del siglo pasado, pero la maquinaria oficialista no opera al unísono y la agenda política está muy fragmentada.
Quizá en año electoral los gobernadores salientes piensan más en su futuro y en llevar la fiesta en paz, que en los ideales de la política y el derecho. Pero para aquellos con camino aún por recorrer y para los que lleguen tras las elecciones, así como para los munícipes ejecutivos en su esfera, existe la oportunidad de defender esos ideales, de ejercer esa independencia, esa libertad y esa soberanía.
Bob Woodward, el reconocido periodista de investigación política que contribuyó a develar el escándalo de Watergate que forzó la dimisión de Richard Nixon, ha dicho sobre la presidencia que al ver cómo un Presidente toma decisiones políticas, se ve quien es. La esencia de la Presidencia es la toma de decisiones.
La congruencia en el actuar, tanto para el gobernado como para el gobernante, parte de esa incansable búsqueda de la ocasión oportuna para avanzar los ideales democráticos, para hacer valer los principios y valores ciudadanos, las normas emanadas de la necesidad social.
Por eso el contraste brutal entre la valiente declaración de la City Bar en apoyo del gremio jurídico mexicano y la conveniente complicidad de los gobernadores. Es y debe ser propio del líder exponer por igual la arbitrariedad, la ilegalidad y la barrabasada.
