Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El miércoles 17 de febrero se conoció la muerte del trabajador administrativo del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, Gonzalo Campos Gutiérrez, por Covid-19. Pese a sufrir diabetes, hipertensión y obesidad, no fue incluido para que fuera vacunado, aun cuando debió ser sido considerado vulnerable.
Estimaciones de trabajadores de ese hospital, uno de los más importantes del ISSSTE, calculan hasta ahora la cifra de muertos es de 18 entre médicos, enfermeras y personal de diversas áreas, por lo que presentaron una queja ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades en la vacunación. Según el director, doctor Valentín Herrera, el 95 por ciento del personal fue ya inoculado, de acuerdo con versiones de los denunciantes, lo que elevó espectacularmente la incredulidad la noche del viernes 26 de febrero cuando, sorpresivamente, elementos del Ejército Mexicano retiraron 165 vacunas de ese nosocomio, que eran para trabajadores, los que respondieron con la paralización del tráfico en Avenida Universidad.
El sábado 18 de febrero por la tarde, la edición digital del periódico español “El País” subió una nota en la que dio cuenta de la última víctima por saltarse la fila en Argentina, en la campaña de vacunación: el secretario de Salud, Ginés González García presentó la renuncia a petición del presidente Alberto Fernández, tras el escándalo. En su oficina estaba un centro de “vacunas VIP” como ahora se le conoce, en el que habría sido inoculado entre otros muchos el sindicalista Hugo Moyano. En su visita oficial a nuestro país, el presidente Fernández, en la conferencia de prensa mañanera fue obligado a abordar el tema, aun cuando lo hizo molesto, calificándola de “payasada”.
En Perú, días atrás, escaló el escándalo tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra -destituido por el congreso en noviembre pasado- y su esposa habían sido vacunados por la farmacéutica china Sinopharm. Fue el principio de lo que se llama ya el “vacunagate” y que implicó las renuncias de las ministras de exteriores, Elizabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzetti, también inoculadas para un total de 487 personas que lo fueron de manera ilegal.
Renuncias de funcionarios de primer nivel también las ha habido en países como España, por saltarse indebidamente la fila para recibir la vacuna.
El 2 de febrero, trabajadores del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en un escrito a la titular del área de quejas, denuncias e investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, Viridiana García Flores, denunciaron que en la lista que le fue reportada por la dirección del hospital de personal vacunado, no fueron incluidas 22 personas que no se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia, entre secretarias de la dirección y subdirección y dirigentes sindicales.
Tales son los casos, precisan, de Verónica Magaña Torres, Olga X y César Ignacio Meza Valencia, secretarios de la dirección; y Jessica Peñaloza Jiménez, secretaria de la Subdirección Médica.
Los trabajadores denunciaron que también fueron vacunados José Guadalupe Flores Ramírez, Ricardo González Alfaro, Jazmín Rodríguez Palomares, Ernesto Estrada Luna, Jacqueline Martínez Báez, Oswaldo Jaimes Chávez, Fabiola Bocanegra, Eva García Rodríguez, Oscar Gallegos Acosta y la pediatra Anabel de la Cruz y que no fueron reportados.
Incluyeron a la pediatra Laura Jaimes Chávez -hermana de Oswaldo, quien forma parte de la dirigencia sindical 39 correspondiente a ese hospital-.
Otros líderes sindicales incluidos en la denuncia al OIC del ISSSTE sin reportar, son el secretario general Alberto Ortega Campos y el secretario general adjunto doctor Carlos Lenin Pliego Reyes, así como la ex secretaria general María del Refugio González Chávez.
La lista de personal que, de acuerdo con la denuncia ante el OIC, la integran Rosalía Guerra Palomares, Edgar Córdova Valenzuela, María Guadalupe Díaz Avendaño y Allan Calzada Aguilar.
En el escrito, los trabajadores sostienen que han acudido a recibir por su cuenta la vacuna al Hospital “Tláhuac” sin haber sido incluidos en las listas elaboradas por funcionarios, debido a que estos “han privilegiado” a personas adscrito a sus áreas. Frente a ello los han amenazado con represalias “por haber evidenciado la falta de organización y preferencias al de acoger personal acreedor a la vacuna”.
En ese sentido, dan cuenta que en el listado que el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” le rindió al OIC de personal vacunado de forma externa, no incluye a integrantes del grupo del director Herrera ni a los integrantes de la sección sindical, por lo que solicitan se realice una exhaustiva investigación.
En ese contexto, la credibilidad del director Herrera, del subdirector médico, Luis Alberto Castañón, y del secretario general de la sección 39, Alberto Ortega, se dañó aún más cuando el viernes 26 de febrero anunciaron que por órdenes del doctor Miguel Ángel Nakamura, encargado de la Subdirección de Prevención a la Salud del ISSSTE, se retiraron 165 vacunas que estaban destinadas para los trabajadores.
Efectivos del Ejército Mexicano se llevaron los fármacos -en las redes sociales fueron subidos videos en el momento que vehículos militares de las llevaban-. ¿Por qué utilizar el ejército, una institución, en el que cada vez es mayor su presencia en puestos relevantes, incluido el general Jens Pedro Lohmann, director normativo de Administración y Finanzas?
La indignación de los trabajadores al paralizar el tráfico en Avenida Universidad -está es la tercera ocasión en los últimos meses-, es un síntoma de que los directivos no han entendido que el malestar puede generar problemas serios en un futuro no muy lejano, de persistir las decisiones absurdas.
Y es que previo a que el ejército se llevará las vacunas -el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” las había cedido-, el doctor Nakamura, encargado de la vacunación en el ISSSTE, prohibió que se aplicaran, aun cuando caducaban en 24 horas.
PARA LA AGENDA
¿Recuerda a Zulma Carvajal Salgado? Fue, con la protección de Javier Huerta y Pedro Zenteno -director, este último, de la paraestatal Birmex, nombrado por YSQ-, subdirectora administrativa del Hospital “1o de octubre”, del que salió con acusaciones de desvío de material contra la Covid-19 que era para los trabajadores y que habría desviado a la campaña de su tío Félix Salgado Macedonio. Luego de haber sido suspendida por el OIC, presentó una denuncia contra la directora Gotti, entre otros, en la Fiscalía General de la República. El caso es que ahora busca ser diputada por Morena, nada menos que de Guerrero. Ni ella ni Elizmara Leslie Aguilar Ayala -destituida de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”- fueron investigadas por el OIC del ISSSTE pese a los evidentes actos de corrupción en que incurrieron. Afortunadamente en el gobierno actual el combate a la corrupción es prioridad…
