Por Jesús Michel Narváez
Irregularidades, ocultamiento de información, opacidad en el manejo de recursos públicos y probable connivencia con los actores que podrían haber cometido presuntos ilícitos, es lo que ha encontrado, hasta ahora, la Auditoría Superior de la Federación bajo la conducción del oaxaqueño David Colmenares.
Irma Eréndira Sandoval, Luisa María Alcalde Uranga y Rogelio Jiménez Pons, son tres de los nombres que ya salieron a la palestra en la revisión de la Cuenta Pública de 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López, por al ser responsables de las Secretarías de ña Función Pública y Trabajo y Fonatur, entidad responsable de la construcción del Tren Maya, una de las tres obras faraónicas y emblemáticas de la actual administración.
A la encargada de llevar las indagatorias de servidores públicos y proveedores privados del Gobierno, la ASF le encontró y le apunto innumerables irregularidades y deficiencias en la estructura encargada de erradicar la corrupción en la administración pública federal. En el reporte, se indica que la dependencia impidió el acceso de los auditores y ocultó, entre otros, el expediente de un líder sindical argumentando no tener la información. Cita, además que la titular del ramo “mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”. ¿Qué habrá oculto en la Función Oscura?
De Alcalde Uranga, se pone de manifiesto que en el programa Jóvenes construyendo el Futuro se “pagaron apoyos” a personas fallecidas, a quienes reciben recursos de la Secretaría de Educación Pública y una erogación de 51 millones 213 mil pesos a jóvenes que se encontraban estudiando, cuando el objetivo del programa es capacitar a jóvenes que no estudian ni trabajan. (Ninis, pues).
La funcionaria ha sido incapaz de que el citado programa “social” rinda frutos efectivos entres los 900 mil inscritos, porque en un año solamente 15 mil consiguieron empleo, aunque se desconoce si el aprendizaje al que fueron sometidos les permitió alcanzar un trabajo mediamente pagado.
Y la joya de la corona en los primeros informes que da a conocer la ASF se la lleva Jiménez Pons, a quien le hallaron contratos y asignaciones innecesarias por 1a suma de 156 millones 106 mil 025 pesos por la realización del proyecto. Se le pide aclarar diversas acciones entre la que destaca la contratación de dos empresas para los servicios legales, económicos y financieros para la estructuración jurídica del Tren Maya, lo cuales podía realizar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Entre los auditores forenses se identificaron sobrecostos en asesorías legales, pagos injustificados y falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de contratos en la obra prioritaria de la administración del presidente.
“En términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, precisa la entrega pública de la ASF.
Como corolario, la institución autónoma detectó que el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” compró fármacos para quimioterapias que no aplicó a los menores que las necesitaban. La adquisición representó un gasto de 41.5 millones de pesos.
El problema identificado es la compra de 6.7 millones de pesos de Temozolomida, Dexrazoxano, L-Asparaginasa y Metotrexato, medicamentos utilizados para tratamientos contra el cáncer, que nunca suministró y por ello el reclamo de los padres.
Uf, con la Auditoría Superior de la Federación.
A ver si el presidente no se enoja y propone desaparecerla para ahorrar dinero en tiempo de vacas flacas. Es capaz de eso y más.
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