El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión el cambio más radical a la política energética vigente: una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la reforma energética, con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados para su análisis y discusión de origen, contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley, que entró en vigor en 2015. Según analistas, el que formara parte del marco legal vigente al momento de la firma del nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría desencadenar controversias internacionales si se aprueba su modificación.
Entre los cambios más relevantes está el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como solar, de privados.
En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación (como una licencia de conducir, que toda persona en México tiene derecho a obtener si la solicita) ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados.
También se obligará al regulador a regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.
En lo que respecta a certificados de energía limpia (CEL) como incentivos a la generación de energía limpia o renovable, todos los que generan en el país podrán obtenerlos, sin importar que sean o no plantas nuevas (que era el objetivo de este incentivo, para la construcción de más infraestructura renovable en el país) y así podrán venderlas a quienes generan mediante fósiles, para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética. Y ligado a este punto, el suministrador de servicios básicos, que hoy es solamente la CFE, no estará obligado a adquirir energía, potencia o CEL únicamente mediante subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos.
Como explicó Arturo Carranza, analista del sector energético “es una propuesta muy importante” y tal como lo ha reiterado, su aprobación y puesta en vigor obedece a la imposibilidad del gobierno de establecer la política que devuelve facultades exclusivas al Estado a través de mecanismos fuera de la ley, como acuerdos o la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener), que el poder judicial ha desechado por falta de sustento legal ante los distintos amparos en tribunales de los presuntos afectados.
Para Ramsés Pech, experto en energía “la generación dependerá de la armonía que puedan tener las plantas del tipo fotovoltaica y eólica, a las líneas de transmisión con base a la factibilidad que el Cenace puede otorgar con base a los estudios indicativos que tienen que realizar, a donde indique un reforzamiento o nuevas líneas, para poder subir lo generado”.
Y entre los mayores retos están el establecimiento de sistemas de almacenamiento de baterías, ya que el principal problema lo tienen las fotovoltaicas, debido a que entran al sistema por las mañanas y sólo durante las horas de sol, esto ocasiona que ciertas plantas del tipo convencional bajen la velocidad de sus turbinas, para pasar a ser del tipo de respaldo.
Por tanto, el problema radica ahora en que CFE deberá invertir en sus plantas en forma más eficiente, el cual está contemplado dentro de su plan de negocios, pero dependerá de los recursos financieros que tenga acceso en el mercado y el presupuestó que la nación pueda otorgar. “Además, deberá adicionar que, al no haber inversión en la parte en líneas de trasmisión, en los últimos dos años, esto ocasionará dentro de corto plazo incremento en los costos de la congestión en la estructura del precio de la electricidad”, advirtió el experto.
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