Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El sábado 26 de diciembre, en un espléndido artículo, Sergio Ramírez en el periódico El país, recordó Cien años de soledad, la mítica novela de Gabriel García Márquez, y citó un fragmento que bien puede aplicarse a lo ocurrido en los últimos doce meses en el sindicato de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México: «…en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz».
La sustitución del chileno Sergio Antonio López Montecino en la Dirección General de Administración de Personal -adelantada por León Montesinos desde fines de diciembre- por Ximena García, esta misma semana, es un reacomodo de piezas de la subsecretaria de egresos, Berta Gómez Castro, frente a la llegada de Efraín Morales en la Subsecretaría de gobierno.
Y es que el sábado 9 de enero se cumplió un año que el sindicato de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en la indefinición jurídica, aparentemente manejado por un llamado directorio sindical -una figura inexistente en la ley y los estatutos- legalizado por el Tribunal de Conciliación, en una resolución en la que pudo haber violado la ley de amparo.
El conflicto inició en diciembre de 2019, con el lanzamiento de la convocatoria a elecciones del comité ejecutivo general, por un error de dedo, subsanado mediante un adéndum al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) que simplemente lo ignoró.
Cuatro secretarios generales seccionales -Jaime Patiño Gutiérrez de la 13, Jorge Castro Carpio de la 22, Rubén Flores Quintero de la 24 y Mario Pedro Gallegos Castillo de la 29- impugnaron, mediante amparos la convocatoria. Y aun cuando no era la vía idónea -debieron hacerlo a través de un juicio ordinario de nulidad ante el Tribunal de Conciliación-, la jueza Séptima de Distrito en Materia de Trabajo en la CDMX no sólo le dio entrada, sino incluso dictó medidas precautorias.
La medida más importante fue ordenar la suspensión de las elecciones convocadas para el 9 de enero. El TFCyA al no lograr notificar al presidente en funciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), Héctor Castelán Moreno ni al apoderado legal, pegó un requerimiento en la puerta de las oficinas sindicales la tarde de un día antes, fijándoles un término de 48 horas para que acudieran a darse por enterados del acuerdo del juzgado de distrito.
Ese sindicato celebró, seis meses antes, un congreso que derivó en una profunda división, provocada por la pretensión de Juan Ayala Rivero de mantenerse en la dirigencia, mediante un reconocimiento que de manera irregular dos años antes le había entregado el Tribunal de Conciliación. Un grupo de 14 secretarios generales seccionales encabezados por César Piña, exigían la validez de la toma de nota.
Los cuatro secretarios generales seccionales que impugnaron la convocatoria, forman parte del grupo que todavía obedecen indicaciones de Ayala Rivero, quien en 2018 habría sembrado grupos de trabajadores con pancartas en contra de Andrés Manuel López Obrador, después del primer debate de candidatos presidenciales.
El pronóstico que Hugo Alfredo Alonso, candidato de la planilla azul obtendría un triunfo aplastante, llevaron a Armando Bautista, candidato apoyado, entre otros, por los secretarios generales afines a Ayala Rivero, a anunciar su decisión de no participar días antes de las elecciones, cuando ya había firmado las boletas. El resultado fue de más de 28 mil votos contra unos 4 mil.
Para entonces se distribuyó un supuesto comunicado oficial del TFCyA que anunciaba la suspensión de las elecciones. Pese a que el documento no tenía logotipo ni fue firmado por ningún funcionario del tribunal, no fue desmentido.
A la par se dejó correr la versión que Castelán Moreno y Alonso Ortiz, entre otros, serían acusados de desacato judicial por la realización de las elecciones, toda vez que estaba en proceso el amparo contra la convocatoria a elecciones.
Sólo unos días más tarde, el TFCyA le otorgó el reconocimiento gubernamental a un directorio sindical -presidido por la FSTSE con diez secretarios generales de sindicatos burocráticos y diez trabajadores del gobierno citadino- para que se hiciera cargo del SUTGCDMX y al que se le entregan las cuotas de los trabajadores. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum posó para la foto con sus integrantes.
Ese directorio debía convocar a elecciones en los siguientes tres meses, fecha en que expiraría el reconocimiento oficial. La crisis de la pandemia implicó la suspensión de labores en la mayoría de las oficinas gubernamentales e impidió que el proceso se realizara. Ante hechos consumados, la jueza de distrito otorgó validez a las elecciones pero paralizó la toma de nota hasta en tanto resuelve el fondo del asunto.
En el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo de la CDMX empezaron a acumularse quejas y amparos: 20/2020 y 30/2020, incluidos delitos por desacato judicial contemplados en la Ley de Amparo, los cuales deberán resolverse antes de convocar a elecciones en ese sindicato. El asunto se encuentra sub júdice, lo que corrobora la decisión gubernamental de no respetar la legalidad.
Entre otras quejas, destacan dos en contra del pleno del TFCyA al haber otorgado, el 20 de enero, la toma de nota al directorio sindical del SUTGCDMX por un periodo de tres meses, y posteriormente otra de manera indefinida, con lo que incurrió, sostienen los promoventes, en desacato judicial; hay otras contra autoridades de la Secretaría de Finanzas.
La creación del directorio sindical del SUTGCDMX, según esto, fue una propuesta de Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Gobierno. Contó con el apoyo de secretarios generales seccionarles que obedecen a Ayala Rivero y que también habría ridiculizado a la doctora Sheinbaum.
Con más de 110 mil agremiados, ese sindicato es uno de los más numerosos de la burocracia nacional, sólo superado por el de SNTE, IMSS y de la Secretaría de Salud. La nueva directora general de Administración de Personal deberá actuar con prudencia, para evitar que el gran ganador sea Joel Ayala, a quien ni Luz Elena González Escobar ni la señora Gómez Castro ni Alonso Ortiz ven con buenos ojos. Ojalá no busque erigirse como la gran electora sindical.
La intención obvia es evitar el acceso de Alonso Ortiz a la dirigencia, en una política que hace de la reforma laboral una simulación. Sólo que cualquier solución para destrabar el conflicto, debería pasar por una negociación con su grupo, ya que ninguno -ni todos juntos- tienen condiciones para ganarle en una elección democrática, debido al excelente trabajo realizado al frente de la sección 1 «Limpia y transportes», la más numerosa de su sindicato.
Parodiando a García Márquez: en el SUTGCDMX no ha pasado nada, ni está pasando no pasará nunca. Ese es un sindicato de trabajadores felices…
Para la agenda
Fotografías posteadas en sus redes sociales por Cinthia Latorre y Saúl Cruz, integrantes de la dirigencia sindical en el Centro Médico Nacional «20 de Noviembre» del ISSSTE, amenazan en convertirse en un escándalo: presume ella el momento en que se le aplica la vacuna contra la Covid-19. En otra gráfica en la que aparece Saúl Cruz Uribe colocaron la leyenda: «Gracias a la vida, ya nos vacunaron. Inmunes para seguir trabajando para ustedes». La señorita Latorre es secretaria de capacitación y el señor Cruz secretario de promoción y gestoría de la sección que encabeza Federico Ruiz. Un listado fechado el 27 de diciembre pasado con los nombres de 35 personas de ese centro para que fueran vacunados contra el virus incluye a Espinoza Sánchez Andrea Leticia -número 7- y su hermana Luz Mariana -número 8- y Vergara Leonel -con el número 35-. Andrea es jefa de la División de Paramédica, y Leonel es su esposo -adscrito al área de Medicina Física- y la señorita Luz Mariana desde septiembre no se presenta a trabajar pero sí cobra su salario. La mayoría de esa lista no tienen contacto con infectados de Covid-19 al ser supervisores, jefes y coordinadores de turno, por lo que no debieron ser vacunados, sostienen trabajadores que proporcionaron pruebas contundentes. En el Hospital «Gral. José María Morelos y Pavón», los trabajadores tienen fotografías que el 23 de diciembre el director Alejandro Arenas, la doctora Violeta Cameros y el odontólogo Marco Pedro Romero y otros directivos fueron también indebidamente inmunizados. Los directores normativos Médico y de Administración y Finanzas del ISSSTE, Ramiro López Elizalde y el general Jens Pedro Lohmann y el director del Centro Médico, José Alfredo Merino Rajme, deben ordenar una investigación inmediata y aplicar no sólo sanciones a los responsables, sino además presentar las denuncias penales correspondientes… El viernes 18 de diciembre en Mérida, murió Manuel Ernesto Álvarez Arana, presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones de México. Fue un líder con visión de futuro que emprendió acciones en beneficio de sus representados para mejorarles sus condiciones de vida. Entre otras cosas fue de los primeros en lograr la ampliación de su gestión -la otra fue Elba Esther Gordillo-, para permitir una privatización tersa de los satélites. Asume el liderazgo Israel Ruiz García con la certeza que hará un papel de excelencia… El 30 de abril del 2020 concluyó la gestión de Marco Antonio García Ayala en la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud -el más numeroso de la FSTSE-. Antes de convocar a elecciones -una vez superada la pandemia-, deberá introducir reformas a sus estatutos para establecer el voto directo, libre, secreto y personal de sus más de 300 mil afiliados. Será la primera vez que García Ayala, en dos décadas que tiene en la dirigencia de ese estratégico sindicato, se someta a una elección democrática. Será también, por primera vez en su vida política-sindical, que se sujete a un ejercicio de esa naturaleza, porque si bien ha sido varías veces diputado federal y local en la CDMX, siempre lo ha sido por la vía plurinominal. En noviembre de 2018 pidió TFCyA le validara una nueva redacción del artículo 78-A del estatuto que le permitiría mantenerse tres años más en la dirigencia sin pasar por las urnas… Banco Azteca del empresario Ricardo Salinas es de los bancos en México que tiene contratados a todos sus trabajadores -un total de 44 mil 158- mediante empresas outsourcing. Otro es BBVA con 33 mil 287, sólo que a través de una firma insourcing que creó en 2007 a la que le transfirió la relación laboral, en un exceso que no comete en España, donde se encuentra su matriz…
