Por Jesús Michel Narváez
Con una actitud plenamente “neoliberal”, el gobierno de la República ya privatizó la operación de cuando menos 8 penales federales con lo que “ahorrará” cerca de 15 mil millones de pesos.
México seguirá los pasos de Estados Unidos, en donde gran parte de los penales y cárceles tanto federales como estatales y de los condados, son operados por empresas privadas a las que se les acusa de dos elementos básicos: cobros exagerados por recluso y falta de seguridad para salvaguardas sus vidas.
El primer proyecto de privatizar penales lo inició Arturo Montiel cuando fungía como gobernador del Estado de México. En algunos otros estados hay prisiones estatales concesionadas, aunque poco se dice del tema.
Al darse a conocer que esta semana se harán públicos los contratos que el gobierno federal firmó con algunas empresas para privatizar los penales federales en el país, implica que ya están en funcionamiento o bien que están por ser entregados a la iniciativa privada.
Porque las empresas no son de las “productivas del Estado” y tampoco se trata de una nueva responsabilidad para el Ejército.
Luego, entonces, el gobierno realizó la asignación de la operación de los penales federales sin informar a nadie. Se podría decir que se trata de una acción realizada en los oscurito y seguramente se armó durante la gestión de Alfonso Durazo Montaño como secretario de Seguridad Pública Ciudadana.
En tiempos pasados, el Sistema Penitenciario Federal estaba en manos de la Secretaría de Gobernación, pero a la llegada de la actual administración se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se transfirieron responsabilidades a la de Seguridad Pública, como la propia Policía Federal que hasta entonces dependía de un “comisionado de seguridad” bajo el mando del titular de Gobernación. Por ahí pasaron Manuel Mondragón y Kalb, Monte Alejandro Rubido García y Renato sales Gasque.
¿Cuáles son las empresas que operan u operarán los 10 penales federales?
No se conocen los nombres ni la experiencia que tengan en estas lides. Sin embargo, ya están firmados los contratos. Tampoco se sabe por cuánto tiempo se “privatizarán” los penales o si se trata de “concesiones” a largo plazo, más menos como las autopistas: 30 años.
Sea como fuere, el gobierno federal tomó una decisión “altamente neoliberal” e inició el incumplimiento de su responsabilidad de contar con centro de detención en donde se rehabilite a los reclusos. Porque según la Constitución de eso se trata la estancia en las cárceles, aunque se conoce que son las “universidades del crimen y el delito”.
Veremos a quienes se otorgaron los contratos, cómo se controlará el acceso de delincuentes, la forma en que serán tratados – ¿a más dinero, mejores celdas?-, la seguridad para evitar fugas y riñas ¿también será privada?… múltiples preguntas surgirán y, como siempre, las respuestas serán evasivas y sin que aclaren la o las razones que el Estado tuvo para actuar de manera neoliberal en un régimen en donde se ha sepultado… oficialmente.
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