Por Jesús Michel Narváez
Cuando el pasado 10 de diciembre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet pronunció un discurso en el que cuestionó la presencia del Ejército Mexicano por las múltiples acciones que le ha encomendado el presidente López, pareció un llamado a la corrección política hacia el mexicano.
Sin embargo, los oídos se tapiaron y ahora el Jefe del Ejecutivo federal anuncia que una “empresa del Ejército” –ya no solo es la milicia- será la encargada de administrar tres tramos del Tren Maya y de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y Felipe Ángeles y las utilidades que se obtengan se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas.
El argumento presidencial de otorgar más control y poder a los militares es que de esta manera se “impedirá la privatización” del ferrocarril y los aeropuertos. Chabacana postura.
El Ejército se “arma y en grande” con las actividades que le han sido otorgadas porque lo mismo construye aeródromos que tiende vías o vigila las aduanas –responsabilidad compartida con la Marina- y de pasadita tiene el control financiero del ISSSTE. Además en el futuro cercano –quizá en enero-, el general Luis Crescencio Sandoval tendrá a su cargo dos termoeléctricas y la ampliación del puerto de Progreso.
Controlará tácitamente puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ductos de Petróleos Mexicanos, líneas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y mantendrá las 46 zonas militares que se ubican en 12 regiones.
Por si fuera poco, con la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, el presidente de la República puede utilizar a la fuerza castrense hasta el 2024 en operativos de seguridad nacional y combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Según el presidente López “el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos garantizar la seguridad en la región, aquí tenemos que cuidar que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región que van a poder estar seguros”, justificó.
Su obsesión lo lleva a descuidar zonas de alto impacto de parte de la criminalidad. Ejemplos sobran: Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Durango, Sinaloa, Estado de México, Zacatecas, Guerrero, entre otras entidades registran los más elevados índices de violencia y de homicidios dolosos, además de servir de trasiego de drogas.
El presidente está dotado de poder supremo a las Fuerzas Armadas que si bien son leales y no golpistas, la semilla de tener el control de todo germina y florece avasallando la democracia.
¿Qué le debe el presidente a las fuerzas castrenses que les está entregando todo? … ¿qué teme el presidente?… ¿qué le saben los militares?
Nadie lo sabe, excepto los actores de las dos partes. Riesgo para la ciudadanía y para el Estado de Derecho. Los militares, decía Manuel Bartlett en 1985 deben estar en sus cuarteles no en las calles. A 35 años de distancia, calla.
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