Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
A petición del presidente de la central burocrática FSTSE, Joel Ayala Almeida, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) otorgó el reconocimiento gubernamental a la ampliación de las gestiones de los secretarios generales de las secciones 1 “Limpia y transportes”, Hugo Alfredo Alonso Ortíz y de la 6 “Parques y jardines”, Alejandro Pérez Lugo, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).
El acuerdo con fecha 22 de octubre, fue avalado por el pleno del TFCyA, luego que dos días antes, el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), hiciera la solicitud correspondiente.
La ampliación en la gestión de los dirigentes de dos de las secciones más importantes y activas del sindicato del gobierno de la ciudad, es “hasta en tanto existen condiciones para celebrar los procesos electorales mediante el voto personal, libre, secreto y directo que establece la legislación vigente”.
La gestión de Alonso Ortíz al frente de la sección 1 “Limpia y transportes” -la más numerosa y activa del SUTGCDMX- concluyó el 20 de octubre, en tanto que en la sección 6 “Parques y jardines”, Pérez Lugo lo hizo el 24 de noviembre.
En el caso de la sección 1, quienes aseguran ser oposición -prácticamente inexistente- encabezada por Julio Miranda Valeriano, solicitaron a Ayala Almeida que no reconociera ya a Alonso Ortiz como secretario general. Es el eterno perdedor -lleva tres derrotas al hilo- y en caso de una elección no obtendrá ni el cinco por ciento de los votos de los trabajadores.
El argumento del tribunal de conciliación para permitir que los dirigentes sindicales que concluyen sus gestiones se mantengan vigentes, es que la pandemia de la Covid-19 no permite la realización de elecciones sin poner en riesgo a los trabajadores a que se contagien del virus.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió, el pasado 30 de septiembre, un acuerdo mediante el cual prorroga la vigencia de las tomas de nota de las directivas o dirigentes que concluyan entre el 23 de marzo y el 31 de diciembre del presente año. Sólo que en el artículo quinto exceptúa a las secciones o delegaciones sindicales, sólo para el apartado A del artículo 123 constitucional. Fue firmado por la Secretaría Luisa María Alcalde Luján y el director general del Registro de Asociaciones, Lució Galileo Lastra García.
El SUTGCDMX vive, desde el 9 de enero un conflicto jurídico que llevó al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, a paralizar la toma de nota de la gestión de Alonso Ortiz como presidente, tras haber ganado las eleciones democráticas.
“…la importancia de la paralización de la toma de nota multicitada consiste en que dicho acto legitimaría el Comité Ejecutivo General Electo a ejercer todas las funciones de gobierno propias de ese órgano del sindicato, entre ellas las relacionadas al patrimonio, la representación, la rendición de cuentas y la defensa de los propios intereses gremiales; de ahí que si el proceso electoral que dio origen al nuevo Comité es materia de controversia por parte de ciertas secciones es del mismo sindicato, debe posponerse la toma de nota, esto, hasta que se resuelva en definitiva sobre la legalidad del procedimiento que le antecede…”, argumentó la jueza.
En una serie de irregularidades jurídicas en el asunto, en diciembre cuatro secretarios generales seccionarles del SUTGCDMX impugnaron la convocatoria a elecciones debido a fallas en la fecha -subsanada mediante un addendum-, a través de un amparo, aún cuando la vía idónea era un juicio ordinario de nulidad ante el TFCyA. Lo extraordinario es que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo lo hubiera admitido a trámite.
Entre otras irregularidades, se dio a conocer que el TFCyA había cancelado las elecciones. En realidad, la decisión fue del juzgado de distrito, pero el tribunal de conciliación no notificó al entonces presidente del SUTGCDMX, Héctor Castelán, ni al apoderado legal, conformándose con pegar un citatorio en la puerta sindical la tarde anterior al proceso electoral, dándole dos días para que acudieran a enterares de la resolución.
Por ello en la suspensión definitiva de las medidas cautelares, la jueza reconoció como legales las elecciones ganadas por Alonso Ortiz de manera abrumadora y optó por paralizar la toma de nota.
El 21 de enero, el pleno de, TFCyA otorgó el reconocimiento a un Directorio Sindical para hacerse cargo del SUTGCDMX, lo que violenta la ley de amparo y pudiera configurar el delito de desacato judicial. Esa figura debería convocar a elecciones en los siguientes tres meses.
En ese sentido la misma jueza que conoce del amparo en contra de la convocatoria a elecciones y de otros que se han interpuesto -con números 20/2020 y acumulados y 30/2020 y acumulados- admitió a trámite cuatro violaciones a la ley de amparo que debieran configurar delitos de desacato judicial, toda vez que el asunto se encuentra sub judice.
El presidente de la FSTSE, en su calidad de presidente del Directorio Sindical, tramitó el reconocimiento gubernamental de la prórroga de las gestiones de los secretarios generales de esas dos secciones sindicales del SUTGCDMX.
PARA LA AGENDA
EL Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX, del que es secretario general el doctor Diego Valdez Medina, realizo el pasado martes la primera fiesta virtual que se transmitió en vivo, con la participación de la Sonora Dinamita y en la que entre otras cosas fue rifado un automóvil del año. Una propuesta interesante para evitar reuniones masivas frente a la pandemia que enfrenta el país y el mundo… La Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, enfrentaba, hasta antes de la suspensión de actividades por la pandemia del virus SARS-COv2, el pasado 23 de marzo, un rezago de 120 mil expedientes, a los que se sumaron 20 mil más consecuencia del confinamiento. Los afectados son los trabajadores, a los que la Ley Federal del Trabajo sujeta a una indemnización de un año de salario en caso de despido injustificado. El pasado lunes 7 de diciembre paralizó nuevamente sus actividades -como también lo hizo el Tribunal Superior de Justicia- «hasta nuevo aviso», debido al agravamiento de la crisis de la Covid-19. El presidente de la Junta, Víctor Martínez Corona ha sido incapaz de utilizar los avances tecnológicos para evitar que los más afectados sean los trabajadores, a los que se condena a morir de hambre. Primero los pobres, ¿no?… En Twitter circula una nota aclaratoria del SENEAM, en la que asegura que «no ha solicitado la cancelación del registro de ninguno de los distintos sindicatos que representan a las y los trabajadores de la institución» y que respeta el marco legal y las condiciones laborales, y se define como una institución «transparente, abierta al diálogo, plural y comprometida con el combate a la corrupción. ¿El director de procesos contenciosos penales y laborales de la SCT, Magdaleno Villanueva Flores mintió en la demanda que presentó el 9 de septiembre en que planteó la cancelación del registro del sindicato de controladores aéreo, al incluir ese órgano desconcentrado?¿Por qué se niega a negociar con los dirigentes José Alfredo Covarrubias y Ángel Iturbe, a los que dio de baja?¿Es transparente que Raúl Campilla, compadre de grado del director general Víctor Manuel Hernández Sandoval sea funcionario?¿Comprobaron los conocimientos jurídicos de Mauro Sánchez Méndez antes de encargarle e Departamento Jurídico por las dudas que genera la forma como obtuvo el título de Licenciado en Derecho, y del subdirector de capacitación que se ostenta con un doctorado…?
