Por Iván Ruiz Flores
El Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados hace ya meses que alertó sobre los métodos más socorridos para realizar la tala y el comercio ilegal de madera.
En el trabajo de investigación “Comercio Ilegal de Madera y Aplicación de la Ley Para la Protección de los Bosques” ellos aseguran que identifican más de 30 métodos para llevar a cabo la tala ilegal y las operaciones de “lavado” de madera.
Algunos de los métodos incluyen: falsificación de permisos y autorizaciones; sobornos para obtener autorizaciones de aprovechamiento forestal; talar volúmenes mayores a los concesionados; hackear plataformas informáticas gubernamentales para obtener permisos de transporte de grandes volúmenes de madera; “lavar” madera ilegal mediante la construcción de caminos, ranchos y plantaciones; y mezclar madera legal e ilegal, durante el proceso de transporte a los aserraderos.
Hacen notar que el crimen organizado aprovecha la falta de comunicación entre las agencias e instancias encargadas de la seguridad nacional, dentro de cada país, y entre las naciones; para exportar y vender madera de procedencia ilegal en mercados altamente lucrativos.
Las instancias responsables de observar el cumplimiento de la Ley, añaden, “han identificado que la corrupción es el principal factor que facilita los delitos forestales”.
“El soborno -precisan- es el delito más frecuente, seguido por los fraudes, el abuso de autoridad, la extorsión, el compadrazgo y el nepotismo”.
Explican que estimaciones de la Interpol, calculan que el costo anual de la corrupción en el sector forestal del mundo asciende a 29 billones de dólares.
“Sus investigaciones han hallado evidencias de redes criminales que recurren a la corrupción y al soborno de funcionarios, para establecer “derechos de tránsito” y movilizar madera ilegal; generalmente, usan las mismas rutas para traficar otros bienes ilícitos, como drogas, armas de fuego y especies silvestres amenazadas de extinción”, exponen.
En relación con los delitos contra el ambiente en el sector forestal de México, refieren que los ilícitos contra el ambiente en nuestro país incluyen algunas actividades ilegales que contribuyen al deterioro del potencial ecológico, productivo y económico de los bosques.
Enumeran las más frecuentes en el sector forestal: 1) Cambio de uso de suelo sin autorización. 2) Tala clandestina. 3) Incendios forestales. 4) Prácticas de extracción no controlada y 5) aprovechamiento ilegal de productos forestales no maderables (Carbón, resinas, tierra de monte, hongos silvestres, plantas para fibras y ceras, semillas, tallos, hojas, rizomas y plantas completas).
Hacen notar que adicionalmente, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, los conflictos de linderos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; la fragilidad del estado de derecho y las acciones del crimen organizado, agravan el proceso de degradación y fragmentación de los ecosistemas forestales.
Explican además que para hacer frente a la tala clandestina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), implementó en 2007 el programa denominado “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, que focalizaba su atención en Michoacán y el Estado de México, con el fin de fortalecer acciones en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
Poco después, lo extendió al estado de Morelos y el Distrito Federal y posteriormente a todo el país.
Actualmente el programa se denomina “Programa de Combate a la Tala Clandestina” privilegiando sus acciones en 108 zonas críticas forestales de México.
Los investigadores precisan también que la tala ilícita responde a una demanda nacional insatisfecha, pues de los 23.4 millones de metros cúbicos anuales que se consumen en México, en el país se producen 6.7 millones. “Esto genera que se tenga que importar madera, parte de ella también ilegal”.
Precisan: “La Agencia de Investigación Ambiental (AIA) reveló la existencia de una red criminal de tráfico de madera ilegal, extraída de los bosques tropicales de la Amazonia en Perú, cuyos principales compradores son México, China y Estados Unidos”.
