*La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, Languidece
*Rechaza la Suprema Corte Tres Recursos del Poder Ejecutivo Federal “por Infundados sus Argumentos”
*La Secretaria de Energía Emitió el Decreto en Mayo y Causó que 27 Proveedores Solicitaran Amparos
Por Alberto Almazán
Aquél 16 de mayo los inversionistas generadores de energías limpias, temblaron. Era sábado y en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicaba el decreto firmado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en el que se cancelaban las concesiones de particulares para producir energías limpias, con lo que se dejaba a los consumidores sin opciones para contratar al proveedor y se privilegiaba el uso de combustibles fósiles.
Después del susto, los inversionistas reaccionaron e iniciaron los procesos jurídicos para obtener amparo ante la arbitraria decisión de quien quiere ser la próxima gobernadora de Veracruz, aunque no haya nacido ni vivido en la entidad.
Por lo menos 27 proveedores solicitaron amparo para frenar el decreto y el 29 de mayo el juez Primero Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza, concedió la razón a los demandantes. A ártir de entonces se ha librado una batalla jurídica desde el Poder Ejecutivo federal contra el Judicial. El tema escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por tercera ocasión rechaza los alegatos de la Secretaría de Energía. La Primera Sala decidió el miércoles 11 de este mes confirmar los amparos con lo que el decreto queda congelado hasta que los togados entren al fondo del asunto. Se prevé que se mantenga el criterio porque los argumentos técnicos de la dependencia federal no se sustentan.
El “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” señala controles sobre Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente.
“Esta Política contribuirá en la Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del SEN, considerando la evolución productiva y tecnológica, así como el aumento ordenado de la generación con Energía Limpia Intermitente conectada y no conectada al SEN, supervisada por el Estado, a través de la Sener”, dice uno de sus capítulos.
En plena crisis sanitaria por el Covid-19 que en mayo ya provocaba muertes y contagios a velocidad no estimada por el vocero Hugo López-Gatell, el acuerdo justificaba su existencia porque el Estado debe garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador de la red eléctrica, emitió un acuerdo el 29 de abril en el que detalla que durante el tiempo de contingencia por Covid-19 se han dado fallas en la red eléctrica, y que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Bajo ese tenor, anunció la suspensión de las pruebas preoperativas y las autorizaciones de nuevas centrales, es decir cerró la puerta a las renovables.
UNA GUERRA Y SUS BATALLAS
Conocido el decreto-acuerdo, se corrieron las versiones de que los generadores de energías limpias dejarían de invertir cuando menos 8 mil millones de dólares en los próximos tres años, porque se suspendían los trabajos preoperatorios en 26 parques tanto para generar electricidad solar como eólica.
Los gobiernos de Colima, Jalisco y Tamaulipas y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), interpusieron controversias constitucionales, porque en las entidades se promovían las inversiones, la generación de empleos y la reducción de tarifas en cuanto las centrales de energías limpias iniciaron la distribución y porque no se respetó el debido proceso para la suspensión de actividades en los parques generadores de energías limpias.
El ministro Luis María Aguilar decidió conceder las suspensiones solicitadas por los gobiernos estatales y el Poder Ejecutivo federal promovió tres recursos de reclamación para que se cancelaran.
La primera Sala de la SCJN los rechazó “por infundados” con lo cual la política energética en materia eléctrica contra las energías limpias de la administración del presidente López, se mantiene congelada y sin efectos hasta que la Corte en Pleno decida sobre el fondo de las controversias constitucionales promovidas en su contra.
El fondo del asunto se conjunta en que el acuerdo impone reglas y tarifas a las empresas de energía alternativas, como las generadas por fotoceldas o turbinas eólicas, que las obliga a cumplir con estándares mínimos y cubrir cuotas por utilizar la red de distribución de electricidad.
Hasta ahora los reclamantes han ganado las batallas. La guerra aún continúa y desde Palacio Nacional se insiste en que el La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional debe proceder.
