Por Iván Ruiz Flores
Hoy cobra vigencia el planteamiento hecho por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) acerca de que el Estado Mexicano se ha convertido en cómplice del crimen organizado, ya que cada día asesinan a más de siete niñas, niños y adolescentes en total impunidad.
El caso más reciente que dejó aterrados e indignados a los mexicanos, pero sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México fue el de los niños de 12 y 14 años, descuartizados presuntamente por los criminales de “La Unión Tepito” (misma que tiene patente de Corzo en esta capital y a la que nadie frena) y trasladados sus restos para dejarlos en un basurero.
Los límites de crueldad no tienen parangón, mientras que a los delincuentes se les trata con cortesía por aquello de “abrazos no balazos”. La indignación hoy abarca todos los estratos sociales en contra de la ineptitud de los funcionarios para poner orden en estos tiempos de pandemia.
Y ante la barbarie, viene a la mente lo denunciado en julio de este año por la Red por los Derechos de la Infancia en México, cuando señalaron que, las recientes masacres contra niñas y adolescentes (en ese momento) recuerdan las omisiones y silencio cómplice de las autoridades que se niegan a una estrategia nacional para frenar la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes.
A través de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la institución se puso el dedo en la llaga al indicar que en aquel momento (hoy también) “hemos sido testigos de lo que ya es un patrón criminal de ataques directos y masacres en contra de niñas y adolescentes; el miércoles 8 de julio fueron asesinadas tres niñas y dos mujeres adultas en el interior de su domicilio en Villa Nicolás Romero. Y un día antes, el martes 7 de julio, asesinaron a dos adolescentes de 15 y 16 años y otros dos jóvenes de 18 años, en Naucalpan, Estado de México”.
Pero como se observa no sólo en el Estado de México hace aire, sino acá en la capital del país, donde la infancia está abandonada a su suerte. En aquella ocasión el Redim expuso que “desde que inició esta administración es evidente la falta de compromiso para proteger la vida de niñas, niños y adolescentes; y muy preocupante su pasión militarista para mantener la fallida estrategia de “guerra contra el narco”, lo que sigue impactando profundamente en las dinámicas y en el tejido social, recrudeciendo la crisis de derechos humanos en la que ha estado sumido el país durante la última década”.
También precisó que en el periodo que abarca de enero a mayo del 2020, “fueron asesinado 1,034 niñas, niños y adolescentes; es decir un promedio de 7 víctimas de asesinato diariamente; de ellas 6 son varones”. Hoy desconocemos cuantos van, pero entonces por entidad federativa, eran: Guanajuato (179), Michoacán (101), Estado de México (68), Oaxaca (59), Jalisco (56) y Chihuahua (52) muestran los mayores índices de violencia para ambos años.
Resaltaba Redim que “mientras hace unos años la violencia estaba concentrada en los estados del norte de México, ahora se desplaza principalmente hacia el centro/occidente, convirtiendo a Guanajuato en la entidad con mayor número de homicidios (179 casos) para la población de 0 a 17 años. Mientras que las entidades con menos casos son Yucatán (2) y Campeche (0)”.
Y exponía: “Es evidente que el Estado Mexicano se ha convertido en cómplice de la violencia del crimen organizado en contra niñas, niños y adolescentes; además de la presunta participación de agentes estatales, es muy grave la invisibilidad y omisión dolosa ante miles de homicidios que son premiados con la impunidad. Según datos oficiales, de cada 100 carpetas de investigación, donde niñas, niños y adolescentes son víctimas, solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia”.
Pero además decía:
“Es importante mencionar la renuencia del gobierno federal a desarrollar una Estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes, así como el efecto negativo por las reducciones presupuestales a las instituciones y programas especializados, en un contexto histórico donde el fortalecimiento de las instituciones de infancia es más que nunca necesario”.
Como seguimos en las mismas, de nada sirvió que en enero se hubiera entregado al equipo del presidente y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero “un informe sobre la grave situación de violencia contra la niñez y urgió a dialogar sobre el #Proyecto26, manifestando disposición, que no se ha concretado hasta el momento. El pasado 6 de marzo, el Estado Mexicano fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder ante las graves condiciones de desprotección para la niñez, en donde nuevamente se asumieron compromisos, que siguen sin cumplir”.
Y claro el Redim exigía “una respuesta de Estado ante las masacres ocurridas; urgiendo hoy más que nunca al Estado Mexicano a abandonar los discursos vacíos y comprometerse a articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia.
Y claro hasta ahora no hay nada. Bueno sí hay… más y más asesinatos de niños y adolescentes.
