*“Ahorros” y Recortes en Salud, Inciden en una Mayor Mortalidad
Por Miguel A. Rocha Valencia
Triste papel de la Auditoría Superior de la Federación que encabeza David Colmenares Páramo, quien ya de por sí carga con el sospechoso despido de Muna Mora Buchahin, la ex auditora forense, que encontraba lo escondido, y ahora busca recovecos para ocultar lo inocultable: los desvíos multimillonarios de recursos presupuestales del profeta tabasqueño y su 4T.
A Colmenares Páramo le vino “anillo al dedo” la pandemia de Sars Cov 2 y escudado en ella, dilata la entrega de los resultados de las cuentas presupuestales, donde se asegura, hay subejercicios y desvíos que pueden alcanzar de seiscientos y novecientos mil millones de pesos, donde los responsables serían los titulares de secretarías que aplicaron recortes y redireccionaron recursos por instrucciones del caudillo macuspano.
En otros tiempos, las observaciones y denuncias de la ASF, serían motivo de suspensiones, inhabilitaciones y hasta cárcel para diversos funcionarios tanto federales como estatales que no explican legalmente el destino que dieron a dineros etiquetados en el presupuesto y se destinaron a otros objetivos, lo cual es una violación flagrante a la Ley.
Este fenómeno marca a varias entidades, cuyos titulares podrían ser denunciados no sólo ante la Secretaría de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval, donde ella misma tendría qué denunciarse, sino también ante la Fiscalía General de la República del decorativo Alejandro Gertz Manero.
Se trata de dinero público que, por recortes ordenados desde Palacio Nacional por el tlatoani de la Cuarta, violan la Ley presupuestal.
Por lo pronto, ni en la Auditoría se explican en qué se utilizaron los 103 mil 317 millones de pesos que se colectaron por los IEPS a bebidas alcohólicas, azucaradas, cervezas y tabacos.
Y no se explican porque de acuerdo al informe 47-GB de la ASF, tales dineros no cumplieron su objetivo ni mucho menos se etiquetaron para acciones que contrarresten los efectos del consumo de alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, especialmente en la incidencia de enfermedades que el mismo gobierno, en las conferencias del subsecretario López Gatell, marca como asociadas a una mayor mortandad por Covid-19, como obesidad, hipertensión y diabetes.
Recuérdese sólo como referencia que en 2019 no había epidemia, lo cual resulta irrelevante para la 4T, porque si bien se entenderían recortes en la contingencia sanitaria a diversas dependencias para apoyar la atención a la enfermedad, tampoco eso ocurre. Los dineros “ahorrados” se van a otros menesteres como los programas clientelares que ordena el pontífice de Palacio Nacional.
De tal suerte que, en medio de la pandemia, el tlatoani ordenó mayores recortes incluyendo la secretaría de Salud de donde se “ahorraron” mil 884 millones de pesos, de los cuáles se escamotearon casi 100 millones justo del programa de Vigilancia Epidemiológica, de tal suerte que de los 250 millones asignados, que ya son de por si una miseria, con la enfermedad encima sólo le dejaron 152 millones.
Pero, además, en el colmo de las contradicciones, el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes para el 2020 ¡Se recortó en plena pandemia! El gasto ahí debió ser de 451 millones de pesos y sólo le dejaron 219 millones, esto es, menos de la mitad.
Y si esas enfermedades son causales de mortandad, entonces la responsabilidad de los recortes y “ahorros” deben ir más allá de lo administrativo.
Bueno, ahora que los lacayos del caudillo en el Congreso federal autorizaron desaparecer los 33 mil millones de gastos catastróficos de un Instituto de Salud para el Bienestar que no termina de cuajar, con resultados tan difusos que ni siquiera figura en las mañaneras o las conferencias de López Gatell.
Es tan inestable su estructura como el antropólogo Juan Antonio Ferrer cuya mayor gracia fue ser director de las zonas arqueológicas de Chiapas y Veracruz, además de ser amigo del caudillo.
