La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que representa a 36,000 empresarios, rechazó la prohibición de la subcontratación laboral al sostener que hacerlo causaría una grave afectación a la economía nacional.
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“Estamos en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales”, señaló la Coparmex, un sindicato de patrones establecido en 1929.
En un comunicado, la organización sostuvo que con la prohibición de esta práctica, conocida en México como “outsourcing”, “se perderían una cantidad muy importante de empleos debidamente remunerados que impulsan la recuperación económica”.
El “outsourcing” fue incluido en la reforma laboral del 2012 y permite que una empresa pueda delegar a una tercera la prestación de servicios, lo cual puede representarles hasta un 50% de reducción de los costos.
No obstante, estudios de la Universidad de Guadalajara señalan que hay empresas que utilizan esta práctica para la evasión fiscal y no cumplir con obligaciones con sus empleados, como no declarar sus salarios reales.
La Coparmex puntualizó en su comunicado que tal y como lo expresó en los foros legislativos “no está de acuerdo” con actividades ilegales que escudadas en el ‘outsourcing’ han lucrado y defraudado al erario, generando competencia desleal y lesionando derechos laborales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que enviará al Congreso una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación laboral al considerar que se abusó de este mecanismo.
La organización patronal refrendó que apoya cualquier esfuerzo para acabar con actividades fraudulentas, sin perder de vista que “hay una muy importante actividad económica y de generación formal de empleo” que con esta actividad y que si cumple todos los estándares legales.
Aseguró que cuando es empleada de la forma correcta, esta figura usada y reconocida en todo el mundo, apoya al fomento de empleo, a la economía formal y a la inversión.
La Coparmex sostuvo que pensar en una prohibición total “será una grave afectación más al deteriorado panorama” económico y se perderían empleos legítimos y bien remunerados que impulsan la recuperación económica.
La organización llamó a que se tomen en cuenta sus argumentos, que se respeten los compromisos establecidos en reuniones como las convocadas por el Senado y a que se genere seguridad jurídica para las inversiones.
