*Proponen la Coordinación, Ante el Incremento en Cajeros Automáticos
Por Rosalío Martínez Blancas
Con la finalidad de implementar una política pública para prevenir fraudes o robos a los clientes de las instituciones bancarias, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión que establece legalmente la coordinación entre autoridades y bancos para proteger a los usuarios.
En la exposición de motivos explicó que se adiciona una fracción 25 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones en conjunto con las Instituciones de Crédito para prevenir la comisión de Delitos en materia bancaria, bursátil y financiera”.
De la misma manera, se adiciona un tercer párrafo al Artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito para que “en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, verifiquen e inspeccionen de manera diaria los cajeros automáticos, con el propósito de prevenir delitos en esta materia.”
Nazario Norberto lamentó que todos o la mayoría, “hemos sido víctimas de delitos que tienen como base el uso de las tecnologías de la información y comunicación”, situación que se incrementa año con año.
Se refirió a la estafa en cajeros automáticos, cuyo modus operandi es capturar los números de tarjetas de débito o crédito a través de dispositivos y cámaras que se implantan y permiten incluso videograbar la contraseña para obtener acceso a la cuenta bancaria sin que el tarjetahabiente se entere de inmediato, sino varias horas después.
El legislador de Morena recalcó que tan solo en junio de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a tres personas en Gustavo A. Madero que colocaban estas trampas en los cajeros automáticos para retener tarjetas, recogerlas y sacar el dinero. En el momento de su aseguramiento se les decomisaron unas 36 tarjetas de diferentes instituciones bancarias.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen.
