*Violaría Derechos Humanos y Abriría Caminos Inconstitucionales
*Haría Claudicar la Responsabilidad del Estado y las Instituciones
Por Gerardo Lavalle
Analizada por el ministro Luis María Aguilar, la petición de Consulta Popular para que el pueblo decida si se juzga o no a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, se propone declararla inconstitucional porque la justicia no se puede ejercer a petición de parte.
En el proyecto de resolución que deberá aprobar o no el Pleno con seis votos cuando menos, se establecer que de llevarse a cabo el evento se haría claudicar la obligación del Estado y de las instituciones. “Los derechos humanos no son negociables”, determina el ministro Aguilar quien subraya que en un Estado de Derecho las instituciones tienen la obligación de investigar los presuntos delitos que se imputan y no pueden estar sometidas a la decisión de las mayorías.
Porque, aclara y con pertinencia, que las mayorías decidieron que el país se convirtiera en una República Democrática, Representativa y Laica y si bien tienen el derecho de cambiar el régimen, cedieron sus derechos al ejercer elegir a sus representantes, quienes tienen la obligación de cumplir con los mandatos de la Constitución General y de las leyes que de ella emanen.
En 43 fojas tamaño oficio, el ponente explica jurídicamente la inconstitucionalidad de la petición presidencial y establece con diáfana claridad que los delitos relatados en la “exposición de motivos” -16 puntos- deben, en su caso, investigarse por la Fiscalía General de la República, las Estatales y el Poder Judicial Federal y estatales.
El tema de fondo es que la consulta solicitada es inconstitucional.
Faltará que el Pleno apruebe la declaración del ministro Aguilar y serán suficientes 6 de los 11 votos de los ministros que lo componen para que, en uno u otro sentido, se avale o la rechace. Todavía no se enlista el proyecto y podría o no llegar hasta el 5 de octubre para su discusión o bien podría adelantarse la fecha previamente establecida.
Frente al escenario propuesto en la petición, se rompería el mandato constitucional de que ante la ley todos somos iguales, porque se consulta solamente la posibilidad de juzgar o no a los expresidente pero a otras personas se les imputa ante el la autoridad competente y es el ministerio público, federal o del fuero común, el que debe dirigir las investigaciones.
Por lo pronto se evidencia que la consulta provocaría la cesión del Estado de Derecho al deseo de las mayorías, lo cual cancelaría todo el sistema de impartición y procuración de justicia.
