Por Jesús Michel Narváez
De acuerdo con las “filtraciones” del caso Lozoya, el emblemático de la 4t para terminar con la corrupción de cuello blanco, habría declarado que el presidente Peña Nieto estaba enterado de la compra de Fertinal y que influyó para que se realizara la operación. Sin embargo, el bufete de abogados que lleva la defensa y es encabezado por Miguel Ontiveros, emitió un comunicado en el que desmiente la afirmación que se le atribuye a su defendido.
“La supuesta declaración, relativa al caso conocido como ‘Fertinal’, que es atribuida al señor Emilio “L”, no existe, de ahí que los contenidos y las afirmaciones que se le imputan son falsas”, dice parte del comunicado.
Los abogados sostienen que el imputado no hizo ninguna declaración en España mientras negociaba su extradición, por lo cual no hay veracidad en las informaciones que se han difundido y en las que presuntamente implica al expresidente de México.
En el comunicado se establece que Emilio “L” durante su estancia en España –en la prisión- no efectuó ninguna declaración ante la Fiscalía General de la República que es la entidad legalmente responsable de obtener las declaraciones y anexarlas a la carpeta de investigación.
Algo huele mal. Porque desde el púlpito presidencial se asegura que el exdirector de Pemex ha involucrado a cuando menos 70 personas que participaron en la compra de Fertinal y cuyo precio rebasó los 9 mil millones de pesos.
Al parecer, porque no es viable la confirmación, las probables declaraciones las habría hecho en privado y no frente al Ministerio Público ni en presencia de sus abogados. Por lo tanto, resulta falsa la aseveración en la que se menciona a Enrique Peña Nieto.
Eso sostiene el bufete que defiende al testigo colaborador.
Aunque la información se conoció la mañana del domingo, todavía por la tarde la Fiscalía General de la República no emitía opinión alguna.
Si como advierten los defensores la presunta declaración es falsa, algo huele mal.
El abogado reiteró su respeto a la libertad de expresión, pero enfatizó que la única instancia ante la cual serán rendidas manifestaciones, aclaraciones o ampliaciones de entrevista, será la FGR, “institución en la que se tiene absoluta confianza y con la que han establecido canales de colaboración institucional”.
Quizá lo que ha mencionado el exdirctor de Pemex no llena las expectativas del presidente de la República, porque ha demostrado con su instancia para la consulta popular, que quiere juzgar a los expresidentes. De eso que no quede duda alguna.
A juzgar por el comunicado, algo huele mal. A quién le creemos ¿a la Fiscalía o al testigo colaborador?
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