Además de fallar a la promesa de devolver la tranquilidad a la sociedad, Jaime Rodríguez Calderón permitió corrupción y nepotismo en la Secretaría de Seguridad Pública
Una de las tantas promesas a las que ha fallado Jaime Rodríguez Calderón desde que asumió la gubernatura de Nuevo León es la de ofrecer seguridad a la sociedad y reducir los índices delictivos en el estado. Basten como muestras las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que exhiben que en 2019 el estado ocupó la séptima posición en todo el país respecto a la mayor cantidad de delitos totales con 69 mil 551.
Este año la seguridad no ha mejorado ni siquiera ante el confinamiento al que obligó la pandemia del coronavirus. De hecho, en los meses en que la actividad económica prácticamente se detuvo, los robos a casa habitación alcanzaron su máximo: 179 durante mayo y 171 en abril, según datos de la Fiscalía General de Justicia estatal.
Y los asesinatos, la otra pandemia que azota a la entidad, no pierden ritmo y continúan al alza, luego que junio se convirtiera el mes con mayor número de homicidios dolosos (92), con lo que ya suman 496 en el primer trimestre del año, es decir, un promedio de 82.6 mensuales, que supera la media de 79.6 de 2019, el año más violento en la administración de Rodríguez Calderón con 956 homicidios dolosos, que sumados a 565 culposos dieron un gran total de 1,521.
En diciembre del año pasado, para matizar su incompetencia, el secretario de seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, atribuyó el 80 por ciento de los homicidios dolosos al crimen organizado, según él, como consecuencia de la presunta disputa de la plaza entre cárteles del narcotráfico, ya que, de acuerdo con expertos, tendría un valor de alrededor de siete mil millones de pesos anuales.
Pero el que sí se “voló la barda” fue el secretario general de gobierno, Manuel Florentino González Flores, quien pese a la contundencia de las cifras oficiales insultó la inteligencia de la población al declarar que la percepción de inseguridad de los neoleoneses se debe a los delitos que se cometen en estados vecinos como Tamaulipas y Coahuila.
Mientras Fasci y González reparten culpas por todas partes y se lavan las manos ante la incapacidad de proponer y operar una verdadera estrategia contra la delincuencia, el dinero que el estado debería invertir para garantizar la seguridad de sus habitantes se maneja por debajo de la mesa y, como los delincuentes, se encuentra prófugo.
Así está registrado en una observación sin solventar que la Auditoría Superior de la Federación hizo en la cuenta pública de 2018, en la que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,647,584.00 pesos (dos millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por el pago de 317 chalecos antibalas con dos placas balísticas marca Armor life lab, modelo ADKPP3, que excedieron el precio del mercado, por lo que se determinó que no se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado de Nuevo León”.
Antes, en la revisión a la cuenta pública de 2016, ya se había advertido a la administración de “El Bronco” sobre un subejercicio en la materia “por un monto de 173,969,417.16 pesos (ciento setenta y tres millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos 16/100 M.N.), por no haber aplicado a la fecha de auditoría los recursos no pagados al 31 de mayo de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que los objetivos y metas no se alcanzaran, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016”.
Por supuesto que este presumible desvío de fondos no sorprende a nadie, ya que ha sido el sello distintivo del gobierno de Rodríguez Calderón, quien además encontró en las leyes de secrecía de la SSP la manera de ayudar a su suegra con un jugoso aumento salarial y, en cuestión de meses, una holgada pensión.
Resulta que María Teresa Martínez Galván, madre de la esposa del mandatario, Adalina Dávalos Martínez, fue integrada a la nómina de la SSP estatal en noviembre de 2015, cuando su yerno apenas tenía un mes como gobernador, con un sueldo de 28 mil 789 pesos.
Sin presentarse a trabajar, de acuerdo con empleados de la entidad que por temor a represalia pidieron anonimato, “Doña Tere” gozó de su salario hasta septiembre de 2017, cuando pidió licencia para buscar como candidata independiente la alcaldía de Santa Catarina.
Tras fracasar rotundamente en las elecciones, Martínez se reintegró “a su cargo” en la SSP estatal, el 1 de julio de 2018, pero ahora con un sueldo de 70 mil 236 pesos mensuales; es decir, 144 por ciento más de lo que percibía en 2017 y pese a que estuvo de licencia por 10 meses.
Luego de un año -en el que también brilló por su ausencia en la SSP- “Doña Tere” solicitó su pensión por edad y, gracias a su lazo familiar con el gobernador, en menos de dos semanas ya estaba recibiendo 29,795 pesos mensuales, es decir, prácticamente el doble de los 15 mil 350 pesos que originalmente le correspondían.
Consultado sobre el tema, Rodríguez Calderón se salió por la tangente con una más de sus típicas respuestas: “Yo no la contraté, ella tiene 24 años de servicio en el gobierno y yo no decido los salarios del gobierno, ni siquiera el mío, entonces yo no creo que sea algo malo, bueno, finalmente la gente lo va a ver mal porque es mi suegra”.
Organismos ciudadanos como “Redes Quinto Poder”, “Colectivo Nosotros” y “Vértebra NL” promovieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del estado para investigar el meteórico ascenso de la suegra de “El Bronco” y, sobre todo, quiénes autorizaron su incremento salarial y posterior pensión.
El 12 de diciembre del año pasado, la Contraloría estatal ordenó revertir los aumentos salariales injustificados y reducir la pensión de Martínez Galván de acuerdo al monto original de su sueldo, además que la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció que celebraría una audiencia de imputación para los acusados Francisco Estrada Corral, exdirector administrativo en la SSP del estado, y Liliana Gómez de Ossio, exdirectora de recursos humanos de la Secretaría de Administración estatal, quienes habrían sido responsables del incremento salarial de «Doña Tere», mismo que habría causado un daño a las arcas estatales calculado en 1.8 millones de pesos.
Sin embargo, el 7 de febrero de este año la jueza Aidé Reyes señaló que no veía irregularidades en que los acusados concedieran los aumentos y ascensos, por lo que falló a su favor, bajo el argumento de que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para justificar sus acusaciones y que tampoco se justificó que hubiera un mal uso de los recursos públicos en las acciones de los acusados.
El indignante fallo llevó a los grupos “Redes Quinto Poder”, “Colectivo Nosotros” y “Vértebra NL” a interponer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra la jueza Reyes, quien al ser esposa del Subdirector Jurídico del Isssteleón, Sergio Alanís, habría actuado bajo un posible conflicto de interés, según los activistas.
Así pues, mientras los asaltos, robos de vehículos y a casa habitación, la violencia contra las mujeres y los homicidios alcanzan cifras récord en Nuevo León, “El Bronco” y su gabinete continúan desviando recursos públicos para su enriquecimiento y el de sus familias.
