Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer su voto particular del caso ‘Ley Bonilla‘, el cual es un “importante precedente en el que la SCJN impidió un claro fraude a la Constitución”.
A través de su cuenta de Twitter, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que con su trabajo, la Corte y el Poder Judicial de la Federación (PJF) acreditan su independencia y compromiso con la Constitución y los Derechos Humanos.
Ante dicho panorama, explicó las razones por las que estuvo a favor del fallo y de declarar la invalidez del decreto impugnado.
Agregó que lo anterior representa actos o normas que en apariencia pretenden cumplir con el texto constitucional, pero en realidad transgreden su contenido y esencia, así como los principios que ésta consagra.
Zaldívar indicó que es evidente que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California, de dos a cinco años, “configuró una elusión al mandato de certeza y legalidad en materia electoral consagrado en el artículo 105, fracción II, último párrafo, constitucional y, con ello, un fraude a la Constitución General”.
Afirmó que la “reforma impugnada entrañó un fraude al voto público y una violación a la soberanía popular, en contravención a los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Señaló que la democracia no se agota en las urnas, toda vez que también implica el respeto absoluto a la voluntad del pueblo, con lo que se pretendió “dar la vuelta a todos y cada uno de los principios que nuestra Constitución establece para proteger la integridad del sistema democrático“.