Fiscal General y diputadas discutirán en marzo reforma al delito de feminicidio

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero se comprometió con diputadas federales a establecer un grupo de trabajo para que el próximo primero de marzo se entregue un proyecto de reforma sobre la tipicidad del feminicidio que realmente ayude a las mujeres víctimas de este delito.

“Un acto de buena voluntad no es el que resuelve las cosas y un artículo que no está bien estructurado nos va a dar una serie de problemas en el camino que no se pueden imaginar”, advirtió el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, el fiscal y las diputadas acordaron acompañar esta propuesta legislativa con la integración de la urgencia de resaltar políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia de género y las necesidades presupuestales y de capacitación “para que pueda tener trascendencia y no se quede en el cambio de un artículo”.

Al insistir en que la dependencia a su cargo no busca eliminar el feminicidio, Gertz aclaró que lo que se impulsa es la generación de un modelo de tipicidad delictiva que sirva para defender al género femenino frente a una agresión por razones de género que parta no sólo desde el punto de defensa social que representan los grupos feministas, “sino desde el punto de facilidad y eficiencia jurídica y procesal que nos permita atender esta cuestión”.

“Cuando un tipo penal es sumamente complicado no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que, cuando lleguemos ante los jueces no se nos vengan abajo los asuntos porque faltó el detalle especifico que finalmente no era el que iba a defender a la víctima”, comentó a legisladoras de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

En este sentido, el fiscal se comprometió a asumir este nuevo esfuerzo como parte del nuevo enfoque para atacar este problema, y con ello exhortar a todos los ministerios públicos y poderes legislativos locales, al poner el ejemplo de una solución constitucional desde el Ministerio Público Federal y el Congreso de la Unión para que se valore y fortalezca moral y éticamente los criterios por los cuales se defenderán a las mujeres.

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