Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
La intromisión de Sergio Antonio López Montecino en el proceso electoral democrático del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), al imponer a uno de los dos candidatos a la dirigencia, no sólo puso en entredicho la reforma laboral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino además pudo haber dado elementos a Estados Unidos para presionar a nuestro país con el envío de inspectores que vigilen el cumplimiento de los acuerdos del T-MEC.
A las denuncias de Hugo Alfredo Alonso Ortiz, de la planilla azul, acerca de que el director general de Administración de Personal del Gobierno de la Ciudad de México aglutinó a tres grupos para que apoyaran la candidatura de Armando Bautista, de la planilla roja, se sumaron las múltiples huellas que esa intromisión dejó.
En efecto, previo al registro de Bautista como candidato, el portavoz de uno de los tres grupos a los que sumó López Montecino, anunció de manera precipitada que el abanderado sería José Edel López Paz, quien en una posición en contra de la intromisión del funcionario, declinó la propuesta y se sumó a la campaña el secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes”.
La candidatura de Bautista fue sorpresiva, no solo por la cercanía que mantuvo con Juan Ayala Rivero, al que acompañó durante sus ocho años de gestión como secretario de trabajo y conflictos, sino por ser un dirigente sin mayor trascendencia, salvo el cacicazgo que ha montado en la sección 33 “Dezasolves” -Alberto, uno de sus hijos es secretario general, y Daniel, el otro, es concejal-.
Más sorpresivo fue que dos de los grupos que se aglutinaron en torno a esa candidatura, mantenían una confrontación que parecía irreconciliable, con acusaciones mutuas de traiciones y de enemigos hasta el final. El líder moral de uno de ellos aparentó luchar durante años por sacar de la dirigencia del SUTGCDMX a Ayala Rivero y a César Piña -secretario general de la sección 4-.
Las 14 secciones leales a Ayala Rivero y el grupo de ese líder moral olvidaron las diferencias y se unieron en un mismo fin, aglutinados por López Montecino. A ellos se integraron los llamados “chapulines” encabezados de manera visible por Jacinto Gaona, secretario general de la sección 2 “Construcción y operación hidráulica”, quien en julio del año pasado participó en la defenestración del ex presidente sindical.
López Montecino y Piña mantienen cercanía desde que el funcionario se desempeñó como director de recursos humanos en la Delegación Tlalpan, durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Con el grupo de “los revolucionarios” -porque aglutina puro cartucho quemando-, el nexo es la subsecretaria de Finanzas, Berta Gómez Castro, cuya relación se fortaleció como consecuencia de contratos para vestuario y equipo para los trabajadores que entregó a fines del año pasado.
Las elecciones en el SUTGCDMX requerían ser pulcras, debido a que era el primero en someterse al voto directo, personal, libre y secreto entre los trabajadores. El gobierno de la doctora Sheinbaum no podía ni debía correr el riesgo para que nada lo manchara, y menos la intromisión de uno de sus funcionarios.
Pese a las denuncias públicas que uno de los candidatos a la dirigencia sindical hizo, el director de Administración de Personal no sacó las manos del proceso. Alonso Ortiz dio cuenta que durante los días que duró la campaña los secretarios generales seccionales que apoyaron a su contrincante, le rendían cuentas de cómo iban.
Esa intromisión manchó de manera indeleble de duda la reforma laboral, al sentar un mal precedente en las elecciones de los dirigentes sindicales. No hay democracia cuando se utiliza el poder del Estado para imponer un candidato.
Lo más grave es que la intromisión del funcionario en el proceso de elección del dirigente sindical de los trabajadores del gobierno de la ciudad, es un buen pretexto para que Estados Unidos presione con el envío de inspectores que vigilen el cumplimiento de los acuerdos en materia laboral incluidos en el trabajo año comercial T-MEC.
El gobierno de la doctora Sheinbaum -Alonso Ortiz manifestó su certeza que desconocía lo que hacía su director de administración de personal- está obligado a cesar a López Montecino, además de ordenar una auditoría, debido a que las evidencias de un cochinero en esa área en solo unos meses de gestión, son evidentes, empezando por la adjudicación directa de los contratos de vestuario y equipo de los trabajadores luego de haber sido declara desierta la licitación a la que se convocó previamente.
Y es que son los que no se han cansado de pregonar que tienen una forma diferente de gobernar.
PARA LA AGENDA
La entrega de vales de fin de año para los trabajadores, debió haber encendido los focos rojos en las oficinas de Pedro Zenteno Santaella y de Javier Huerta Jurado, director de administración y finanzas y subdirector de personal del ISSSTE, respectivamente, luego que el 21 de diciembre fuera cerrada la circulación en la esquina que forman el eje 5 “Félix Cuevas” y Avenida Coyoacán, por trabajadores del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, molestos por la tardanza en entregarles esa prestación. Fue precisamente en l ISSSTE donde los vales se entregaron de última hora, en lo que parece otro capítulo de la intención de Zenteno Santaella y de Huerta Jurado de incentivar la molestia en contra de los dirigentes sindicales, con la finalidad de generar condiciones que les permita, en mayo de 2021, imponer un candidato entreguista…
