Por Itzel Toledo García
Desde noviembre de 2019 la relación entre México y Bolivia ha sido un punto de reflexión importante para la política exterior de la administración de Andrés Manuel López Obrador. La decisión del gobierno mexicano de dar asilo al exmandatario boliviano Evo Morales se fundamentó en la tradición del país en ofrecer asilo a personas o grupos que lo necesitan por razones políticas, por ejemplo, a la comunidad española republicana en los años treinta.
La presidenta interina boliviana Jeanine Áñez consideró que era una pena la decisión del gobierno mexicano y señaló que debería exigirle “que cumpla con los protocolos de asilo, y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está”, a lo cual la Secretaría de Relaciones contestó que la Constitución mexicana garantizaba la libertad de expresión al expresidente. Evo Morales salió del país el 12 de diciembre de 2019 rumbo a Argentina, donde el nuevo presidente Alberto Fernández le concedió asilo.
Por su parte, María Teresa Mercado, la embajadora de México en La Paz, abrió las puertas a colaboradores de Morales (exfuncionarios y miembros del partido Movimiento al Socialismo), lo cual provocó protestas por parte del gobierno de Áñez. En palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, del 26 de diciembre: “Tenemos nueve personas que solicitaron asilo, de los cuales también solicitamos los nueve salvoconductos. Ya han salido otros”. Cuatro de las nueve personas tienen orden de aprehensión, por ejemplo, dos exministros del gabinete: Juan Ramón Quintaba Taborga, exministro de la Presidencia, y Wilma Alanoca Mamani, exministra de Cultura y Turismo. Pero el gobierno mexicano señaló que fue notificado de las órdenes de detención 11 días después de que pidieran asilo en la embajada.
A finales de diciembre el gobierno mexicano consideró necesario solicitar la mediación de la Corte Internacional de Justicia (órgano judicial de la ONU) ante el acoso e intimidación por autoridades bolivianas al personal diplomático mexicano, al haber una mayor presencia policiaca y militar en los alrededores de la embajada, lo que sería una violación del Convenio de Viena, el instrumento normativo para las relaciones diplomáticas. Incluso el canciller Ebrard señaló “Ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias”. A esto, la canciller boliviana Karen Longaric respondió que su gobierno era “respetuoso de las inmunidades diplomáticas” y aprovechó para acusar la “injerencia de México en los asuntos internos bolivianos”.
El 30 de diciembre de 2019, el gobierno de Bolivia declaró a la embajadora mexicana persona non grata con 72 horas para salir del territorio. El gobierno mexicano solicitó a la embajadora Mercado que regresara a México y destacó su actuación en favor del asilo y la paz. Además, se degradó la misión diplomática de México en Bolivia a “Encargado de Negocios”, pero no se exigió la salida de representantes oficiales bolivianos en México. Hasta el 7 de enero la relación diplomática se consideraba como continua.
El 30 de diciembre el gobierno boliviano también declaró persona non grata a la encargada de negocios y al cónsul español. Esto ocurrió después de que agentes de la Policía Nacional de España visitaron la residencia mexicana y el gobierno boliviano asumió que el objetivo era ayudar a México a sacar a los asilados. Ante la decisión boliviana de expulsar a los diplomáticos españoles, su contraparte española, el gobierno de Pedro Sánchez, expulsó a los funcionarios bolivianos.
La relación entre México y Bolivia ha sido desde el siglo XIX de bajo perfil y la crisis diplomática actual parece que no tendrá implicaciones económicas para los países, puesto que el comercio no es de gran importancia (según la Secretaría de Hacienda, la balanza comercial de México con Bolivia en 2018 fue de 199,494 miles de dólares, en contraste con Venezuela fue de 1,057,971 miles de dólares y con Estados Unidos de 574,113,132 miles de dólares). El turismo boliviano a México tampoco es significativo, ni el mexicano a Bolivia. Sin embargo, es necesario mantener una relación amigable para poder colaborar ante problemas mundiales y regionales como son la pobreza y la crisis por el cambio climático. Así mismo, es importante que la tensión no se traspase a espacios multilaterales en los que ambos países participan, como las Naciones Unidas, la organización de los Estados Americanos, la Asociación Latinoamericana de Integración y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
¿Qué implicaciones tiene la crisis política en Bolivia para la política exterior mexicana? México obtuvo un protagonismo internacional al darle asilo a Evo Morales. La administración actual mostró su interés en otorgar asilo político y conectar al actual gobierno con una tradición de política exterior que remite al México posrevolucionario; en 2019 también lo hizo al no reconocer a Juan Guaidó como presidente en Venezuela basándose en la Doctrina Estrada (1930).
En las dos crisis políticas, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una postura de acercamiento ante los movimientos que se asumen como de izquierda en América Latina, representantes del bolivarismo (Nicolás Maduro y Evo Morales). Además, la crisis política de Venezuela permitió un acercamiento de México con Uruguay -país que tampoco reconoció a Guaidó y propuso una mediación entre éste y Nicolás Maduro. Falta ver si el caso de Bolivia lleva a un acercamiento con Argentina, donde actualmente permanece Evo Morales.
