Por Jesús Michel Narváez
Indolencia, es el vocablo, cometida por un conductor al que se le “pasaron” los dos meses que marcan la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Metropolitana del Medio Ambiente para llevar los autos a verificar, terminó en un calvario.
Primero el vehículo fue detenido por agentes de tránsito y no de la Sedema. (No sé si entre sus facultades esté la detención) con justa razón. No se mostraba el holograma correspondiente al segundo semestre de 2019. Se impuso una multa de mil 690 pesos misma que se cubrió sin descuento alguno.
Con el documento de pago en la mano, se solicitó la cita para la verificación. ¡Y no pasó!
¿La razón? No se había cubierto otra multa, por la misma cantidad, pero aplicada por la Sedema.
El chistorete costó mil 380 pesos.
Sin defensa alguna, se pagó. El tema en cuestión es que nadie comunica que al no verificarse en tiempo y forma se aplican dos multas. Son omisiones que perforan cualquier bolsillo del asalariado.
Viene otra caída. Antes de 2020, en los verificentros se analizaban determinados contaminantes. El funcionamiento correcto del motor, sus exhalaciones, etcétera. Con la llegada del año nuevo, las reglas cambiaron.
Y ahora se tienen que revisar dos módulos de la computadora. Y para realizar el trabajo se requiere acudir a la agencia o a un taller para que se escanee la falla.
¿Y qué cree? Los escáneres no cuentan con el software que detecta la falla.
Las autoridades capitalina y metropolitana no dotaron del instrumental a los verificentros. Y el calvario se torna difícil de cumplir y no porque el propietario del vehículo se niegue a ser responsable. Simplemente porque no hay forma, por lo menos hasta ayer, de pasar la prueba del ácido. Le platicaré el siguiente capítulo.
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