Por Silvestre Villegas Revueltas
El pasado doce de noviembre publiqué en Misión Política un artículo donde señalaba que desde el siglo XIX y a principios del XX, la inseguridad en la república mexicana provocó una serie de daños en la vida y propiedad de ciudadanos estadounidenses, amén de súbditos de otros países europeos como españoles o franceses. El resultado de semejantes “robos, asesinatos, y préstamos forzosos” fueron las llamadas “Reclamaciones extranjeras” en contra de diversos gobiernos mexicanos. En el caso concreto de las Reclamaciones formuladas desde la ciudad de Washington, uno de sus razonamientos fundamentales fue que, si los mexicanos eran incapaces de resolver los problemas de inseguridad, ellos procederían a invadir al país para poner frente a la justicia estadounidense a los “siempre ladrones mexicanos”. Lo anterior viene a cuento por las entonces declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que el violento accionar de los carteles de la droga en México ya estaba afectando intereses estadounidenses muy cercanos a su frontera (el culiacanazo). Era la misma lógica de los EU que la de los tiempos decimonónicos, y desafortunadamente, la misma rampante inseguridad que desde los años de la guerra de independencia ha sentado sus reales a lo largo de la república mexicana.
Parafraseando de una manera libérrima la novela de Henry James, “Otra vuelta de tuerca”, el episodio de la matanza de miembros de la familia LeBaron sumó, pero sobre todo cambió la naturaleza de la “reclamación estadounidense”. En la óptica de Washington no es lo mismo que los criminales de la droga se hubiesen cebado en las familias de los soldados mexicanos apostados en Culiacán a que hayan asesinado a ciudadanos con pasaporte y nacionalidad de los EUA. Como diría un profesor que tuve en la licenciatura: hay diferencias de clase. En este caso se añadiría, el de raza anglo frente a individuos hispanos, por decirlo de una manera elegante. El episodio LeBaron agrega una esencial vuelta de tuerca al ya añejo problema referido al combate del narcotráfico. Asimismo, dicho episodio le sirve a Donald Trump para sus afanes electorales, estrategia que el “güero” maneja a la perfección porque entre otras cosas ha contado con el “rosario” de pifias mayúsculas de diversos funcionarios de la administración peñista como de la 4° Transformación.
Bajo lo anterior señalado, ¿puede el gobierno de los Estados Unidos clasificar a los carteles del narcotráfico como organizaciones de índole terrorista? Sí puede bajo los siguientes razonamientos de índole netamente americana. Desde los tiempos de los “Pilgrims” del Mayflower, los ingleses luego estadounidenses, siempre han tenido un enemigo enfrente a eliminar, llámese indios bárbaros, españoles afincados en Cuba y Puerto Rico, alemanes posteriormente convertidos a las filas del nazismo, comunistas de todo pelaje y finalmente el integrismo musulmán que comete actos de terrorismo. Al Qaeda llevó a cabo los atentados del 2001, imagínese estimado lector que un atentado en suelo estadounidense tuviera la firma de algún cartel mexicano. La respuesta militar de los EU sería parecida; toda proporción guardada y tomando en cuenta las diferencias en su concepción, acordémonos del episodio de Columbus, Nuevo México, atacado por el general Francisco Villa y la consecuente invasión a territorio mexicano llevado a cabo por el general Pershing. Pero si lo anterior fue una razón evidente, en la historia americana siempre ha habido ataques que a manera de pretexto han desembocado en guerra: el general Taylor cruzó el Río Nueces, hubo disparos y muertos, y comenzó la guerra mexicano-americana. El sospechoso bombazo del acorazado Maine en el puerto de La Habana y la consecuente guerra hispano-americana; el bombardeo contra el Palacio Presidencial de Vietnam y la entrada de los EU a la guerra. La violencia radical es el común denominador de los pasados episodios y para los intereses estadounidenses la eliminación del enemigo es una cuestión de supervivencia. Bajo tal óptica podríamos agregar el argumento de que el accionar cotidiano del narcotráfico es una amenaza a la soberanía americana por las muertes que produce todos los años en los drogadictos que consumen tales productos. En fin, tomados en cuenta los raciocinios estadounidenses en cuestiones de seguridad nacional y la capacidad generadora de violencia de los carteles, es perfectamente posible equiparar los carteles del narcotráfico con organizaciones terroristas.
Por su lado el gobierno mexicano, hoy encabezado por López Obrador, pero en el tema del narcotráfico bien pudo haber sido el de López Portillo (caso Camarena) o el de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, ninguno en su sano juicio apoyaría la comparación narco igual a terrorismo, porque saben de las injerencistas maniobras efectuadas desde Washington y de las peligrosísimas consecuencias de una invasión. Pero tampoco hay que lamentarse en exceso. En años pasados un grupo de élite encontró y ajustició a Osama Bin Laden, el cual se encontraba en Pakistán, aliado nuclear de los Estados Unidos; hubo algunas protestas, se enfrió la cooperación pakistaní, pero hasta ahí.
Si Washington realmente quiere resolver el problema que afecta vida e intereses de los dos países, debe cerrar la frontera al trasiego de todo tipo de armas que compran los carteles. Si en México se quiere resolver el problema del narcotráfico: pocos abrazos, combatir el lavado de dinero que lo mismo está en lujosos condominios en Yucatán que en la cooptación de remesas, construcción de centros comerciales y un larguísimo etcétera. Asimismo, el/los gobiernos mexicanos deben brindar todo el apoyo a las fuerzas armadas del país para que cumplan con su papel, que a la letra de la Constitución dice “salvaguardar la soberanía del país”. Y aquí, el argumento del narco como una forma de terrorismo se puede equiparar en ambos lados de la frontera.
