El Gobierno de Bolivia condenó el jueves los «vergonzosos» hechos de violencia que dejaron decenas de heridos y un muerto en las protestas contra el recuento de votos en las elecciones presidenciales de octubre, en medio de acusaciones cruzadas con la oposición sobre los instigadores de los enfrentamientos.
Las autoridades dicen que la oposición es responsable por lo ocurrido, mientras que desde ese bando señalan como fuente de la violencia a los partidarios del presidente Evo Morales, al que también acusan de realizar un fraude tras una pausa abrupta durante el conteo seguido de un inusual cambio de tendencia a favor del líder de izquierda.
En una rueda de prensa, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho que ayuden a detener la violencia y acatar la auditoría de las elecciones que lleva adelante la Organización de Estados Americanos (OEA).
«El día de ayer (miércoles) es un día que puede ser calificado como el día de la vergüenza, de la ignominia, del suplicio», dijo García Lineras.
Mesa, el principal competidor opositor en las elecciones del 20 de octubre, y el líder cívico Camacho, han estado pidiendo la renuncia de Morales -presidente de Bolivia desde 2006- y una nueva elección sin su participación.
Camacho, quien se ha convertido en un símbolo de la oposición al mandatario de origen indígena, arribó en las últimas horas del miércoles a La Paz, donde planea ir hasta el palacio presidencial para entregarle una carta de renuncia a Morales para que este la firme.
La jugada, tras un infructuoso intento previo, ha generado una feroz respuesta de los partidarios de Morales y ahondado más las diferencias entre los bolivianos tras las protestas y huelgas que afectan a distintas partes del país.
Los peores choques del miércoles se dieron en Cochabamba y La Paz, en una jornada de violencia en la que un hombre joven falleció.
Mesa dijo el jueves a través de su cuenta de Twitter que el joven, Limbert Guzmán, había sido «asesinado» por simpatizantes de Morales y acusó al Gobierno de instigar la violencia.
