*No Están Funcionando Conforme lo Esperado
*Los Avances no Aparecen y las Cifras, de Pavor
*La Delincuencia le Tomó la Medida al Gobierno
*Y la Confianza en las Policías Actualmente es Nula
*Los Operativos Terminan Siendo Acciones Fallidas
Por Alejandro Zapata Perogordo
Todo indica que este año de 2019 se perfila como el más violento de la historia contemporánea de México. Así lo demuestran los datos arrojados en el número de ejecuciones que se han registrado, sin que exista una disminución en la comisión de los delitos ni en los índices de impunidad, junto con la corrupción y ahora la economía, surge como el más grave problema del país.
El repartir culpas al pasado no ha sido una solución a las dificultades a que se enfrenta y padece la ciudadanía, pues tal actitud únicamente es un reflejo, justificación o pretexto para paliar las críticas sobre los desfavorables resultados.
Desde el inicio de la presente administración el tema de la seguridad y el combate en contra del crimen organizado se concentró en el titular del Poder Ejecutivo, quien a su vez sentó las bases en la novedosa formación de la Guardia Nacional, incluyendo civiles y militares en una institución encargada de mantener la tranquilidad a partir de la construcción de una nueva estrategia en el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Es evidente que las cosas no están funcionando conforme a lo esperado y menos aún frente a las expectativas creadas, si bien es cierto que al inicio de una nueva administración los índices delictivos suelen ir al alza aprovechándose de los reacomodos, también lo es que a estas alturas cuando ha transcurrido un tiempo considerable los resultados debían ser positivos, no obstante, los avances no aparecen y las cifras causan pavor.
Así las cosas, urgen ajustes en la estrategia de seguridad, pues tal parece que la delincuencia se ha apoderado de las grandes ciudades y tomado la medida al gobierno federal poniendo en riesgo la vida de muchas personas inocentes. El replanteamiento dados los acontecimientos es esencial, pues no se trata de un problema del gobierno únicamente, sino que nos atañe a todos, en la medida de la corresponsabilidad que a cada uno le toca.
Al tratarse de un servicio público, básico y prioritario, el diseño debe abarcar la concurrencia de los diversos órdenes de gobierno, cada uno en sus respectivas competencias, coordinaciones efectivas y adicionalmente políticas transversales. Existen múltiples diagnósticos sobre el particular a la par de una serie de rubros a considerar que han dejado de lado.
Tal es el caso de los municipios, cuya función es primordial en materia de prevención del delito, amen que siendo la autoridad más cercana a la gente cuenta con información privilegiada y, por lo tanto, de gran utilidad para combatir con eficacia la inseguridad.
Sin embargo, llama la atención que ni siquiera los tolera la federación, por el contrario, los gasea y les quita recursos destinados para ese rubro, en vez de aprovechar la instancia para complementar la estrategia y anticiparse en la comisión de delitos.
La utilización de herramientas como la Ley de Lavado de Dinero y extinción de dominio no se ven aplicadas al crimen organizado, únicamente se hace en delitos de corrupción, dígase el ámbito político; la confianza en las policías es nula y; los operativos terminan siendo acciones fallidas.
En ese orden, es momento de replantear, ajustar y corregir la estrategia en materia de seguridad pública a partir de un esquema integral, basado en la colaboración y coordinación, que abarque desde la prevención hasta la sanción; con acciones inmediatas y visión de largo plazo, de tal forma que se pueda reestablecer el estado de derecho y sea respetado el principio de autoridad.
