Por Alberto F. Mena Mallén
Los derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, ahí están, bien protegidos, resguardados por las autoridades y los legisladores, pero… el asunto está en que no hay ni habrán recursos para realmente protegerlos y menos en estos tiempos de austeridad republicana, donde los derechos requieren de recursos para que realmente tengan validez y estén verdaderamente protegidos, pero no sucede así. Han sido pisoteados a cada rato ante una falta de interés real que vele por ellos.
Vamos por partes…
En el Artículo 12, Ciudad democrática, en su apartado A. Derecho a la buena administración pública, se establece que:
- Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en su apartado 4, se señala que:
La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral del presente artículo.
Aquí habría que comentar que uno de los servicios públicos que están hechos pedazos es el de las vialidades que se han convertido en campos minados ante la cantidad de baches que nacen todos los días y que las autoridades no tienen ni el menor reparo en atenderlos. Ello genera gastos a quienes tienen vehículos ya que al caer en uno de ellos, se lastiman muchos componentes de la suspensión, las llantas y otros repuestos de los automotores.
Además de la imagen que se da de la ciudad a nuestros turistas, visitantes de todo tipo y del mal gobierno que no repara a tiempo y con eficacia este asunto que es de vital importancia por el ahorro de combustible que generaría con vialidades adecuadas y de traslado, entre otros aspectos. Circulando, por ejemplo, por el circuito San Joaquín, va uno tratando de evadir dichos baches y brincando dentro del auto, cuando se cae en uno de ellos, y eso, no es nada agradable para el que circula por dicha vialidad.
Y uno que es mal pensado, se imagina que quienes tienen la responsabilidad de atender el bacheo o el encarpetamiento de esas vialidades no deben de tener tiempo, ni dinero, ni ganas de que la ciudadanía, que tiene que andar bailando con los baches, tenga un servicio aunque sea de mediana calidad; para qué, si ellos se transportan en vehículos que si se descomponen, no gastan sus recursos, sino los nuestros. En este tema no hay respeto a este tipo de derechos que es violado por la misma autoridad.
En el apartado C. Libertad de expresión, se establece que: la protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.
¿Y dónde quedó la autoridad?… ¿Y el Gobierno de la Ciudad, en las manifestaciones que se han presentado en la administración de Claudia Sheinbaum? Con el argumento de que no quieren que se les califique de represores, están faltando a la Constitución, al no velar por los intereses de quienes no se manifiestan por las calles de la metrópoli.
Y más cuando no pagan los destrozos que generan los llamados anarquistas a muchos comercios ubicados en las rutas que se siguen, donde se tienen que erogar grandes recursos económicos para hacer que los negocios afectados sean de nuevo operables. Y ahora con soluciones mafufas con los «cordones de la paz», en los que se echa por la basura impuestos gastados en las camisas que se utilizaron, en salarios no devengados y ahora con menos empleados que tienen que hacer el doble de chamba para cubrir las necesidades de una gran ciudad que es la de México lo que provoca graves retrasos en los trámites que se presentan por miles.
En el Artículo 13, Ciudad educadora y del conocimiento, en su apartado A, Derecho a la educación en su fracción 13, se subraya que: Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio.
Y qué ha resultado de ello, que como es un asunto que no es prioritario, -el que sí es el de la cartilla moral que distribuirán representantes de varias iglesias registradas en nuestro país-, no hay publicidad al respecto. Lo que si quieren hacer es lograr que todas las comunidades tengan el servicio de internet para que la ciudadanía se haga culta, leyendo los memes que aparecen a diario en dicha red colectiva.
Aquí vemos que el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con un adecuado plan de comunicación y difusión de todos los programas que tiene en su administración. Lo único que cuentan son varias páginas web que ofrecen mucha información, y para poder encontrar algún asunto que nos interese, hay que navegar y navegar hasta no dar con el punto de interés que uno busca.
Igualmente, no hay una información adecuada de lo que realmente se realiza en la metrópoli. Colocaron hace algunos años pantallas digitales en algunas vialidades principales, las que están desaprovechadas ya que solo indican algunos puntos básicos de interés para conductores.
No hay un sistema de búsqueda adecuada, que sea breve y compacta que evite que quienes requieran de algún servicio, vaya de una página a otra, lo que hace que finalmente, uno se desespere y evite continuar con dicha tarea.
fermallen@gmail.com
