El Gobierno de México ha cancelado deudas a empresas vinculadas al crimen organizado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, desveló este lunes una investigación de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI).
Según MCCI, entre agosto y octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló a nivel general 13 mil 934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126 mil millones de pesos, todo ello tras analizar bases de datos oficiales obtenidas y procesadas.
El 20 de agosto, el SAT realizó una primera cancelación de 10 mil 583 adeudos por 79 mil millones de pesos, mientras que el pasado 10 de octubre notificó una nueva cancelación, esta vez de 3 mil 351 créditos por 47 mil millones de pesos.
“En conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de tres meses representan tres veces el presupuesto asignado en 2019 para Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas sociales emblema del actual Gobierno federal, y superan al desembolso que se tuvo que hacer por la cancelación anticipada de 692 contratos en el aeropuerto que se proyectaba hacer en Texcoco”, denunció MCCI.
La organización -muy crítica con la cancelación de aeropuerto de Texcoco, que había de dar servicio a la capital- detalló que la actual Administración federal canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una corte federal de Texas (EEUU) de los “delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína”, aseguró la entidad.
Dicha cancelación del adeudo “al presunto operador financiero del cártel de Los Zetas fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019”.
MCCI indicó que “el SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade SA de CV, empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular FICREA, que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados”.
El accionista mayoritario de ambas empresas era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo.
