La ampliación de la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las demandas más reiteradas por estudiantes y académicos en el proceso vigente de designación del rector para el periodo 2019-2023.
Tres aspirantes al cargo –Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el rector Enrique Graue Wiechers, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas–, proponen en sus planes de trabajo (y lo han señalado en entrevistas) que la ruta para atender esta exigencia es fortalecer los organismos colegiados. Uno más, Daniel Velázquez Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ha señalado que la universidad no es democrática.
Respecto de modificar la forma en que se designa a los directores de las escuelas y facultades y a los rectores, que hoy es facultad exclusiva de los 15 miembros de la Junta de Gobierno, los tres primeros candidatos señalan que no es momento de hacer cambios, porque el sistema actual funciona, pues ha dado estabilidad y gobernabilidad a la institución. El cuarto ha planteado que a este respecto la legislación se ha quedado estancada.
Angélica Cuéllar señaló en entrevista que para ella este no es un buen momento para pensar en hacer cambios a la Ley Orgánica de la UNAM, vigente desde 1945. Sin embargo, sin violar la legislación ni nuestros reglamentos, se pueden crear formas de participación en la toma de decisiones, dijo.
En el proyecto de trabajo que entregó a la Junta de Gobierno, Cuéllar señala que la UNAM debe colocarse a la vanguardia en la constitución de formas novedosas de interacción entre su comunidad para el trabajo colaborativo en sus funciones sustantivas y en el diseño y ejecución de sus programas y ejes rectores. La gestión universitaria debe ser el resultado de un diálogo permanente entre su comunidad.
Enrique Graue dijo en entrevista el 26 de septiembre que Ley Orgánica vigente desde 1945 es la mejor forma de elección del rector. La legislación está perfectamente clara y hay muchísimas más voces que aceptan que nuestra Ley Orgánica es, indudablemente, la mejor forma de elección de autoridades y advirtió que para modificar la actual ley tendría que existir un gran consenso en la universidad, pero no lo hay.
En el proyecto de trabajo que entregó a la Junta de Gobierno cuando confirmó su aspiración a ser designado como rector para un segundo y último periodo de cuatro años, Graue señala que se deben difundir y justipreciar los conceptos de autonomía y democracia universitarias, así como estimular y concientizar acerca de la importancia de la participación democrática de la comunidad universitaria como un sistema colectivo de solución de conflictos y toma de decisiones en beneficio de la colectividad.
Salazar Ugarte opinó en entrevista que no está cerrado a una amplia discusión universitaria sobre eventuales cambios a la Ley Orgánica, pero que él defiende la legislación vigente, pues piensa que funciona. Es una ley que ha dado estabilidad y gobernabilidad a la UNAM.
En su proyecto de trabajo, el jurista plantea que la UNAM es una democracia deliberativa que se recrea en los más de 700 cuerpos colegiados en que se toman las decisiones. Y señala: hay que inyectarle dinamismo a nuestra deliberación. Para ello propone ampliar la representación en los cuerpos colegiados de las y los estudiantes y los técnicos académico, así como generar mecanismos de información eficientes sobre lo que se decide y por qué se decide, además de revisar los reglamentos de trabajo de los órganos colegiados para garantizar que la deliberación sea efectiva.
Daniel Velázquez ha señalado que la UNAM no es democrática y la legislación universitaria se ha quedado estancada frente a los cambios sociales del país. Ha expresado que debe haber más participación de profesores, alumnos, de empleados y funcionarios universitarios en la elección de sus autoridades, directores y del propio rector.
