Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El pasado lunes 7 de octubre, Sergio López Montesinos, recién designado subsecretario de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México, se habría reunido con César Piña Rodríguez, secretario general de la sección 4 del sindicato de los trabajadores de base y uno de los más cercanos de Juan Ayala Rivero durante su gestión de ocho años y con quien fue candidato a diputado local suplente en las dos ocasiones en que perdieron frente a Morena.
López Montesinos sustituyó a Jorge Luis Basaldúa al iniciar octubre. La principal tarea será conducir -bajo las sombras, para evitar acusaciones de intromisión oficial en la vida sindical- la elección del próximo presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), que con sus más de 110 mil afiliados tiene una importancia estratégica.
La salida de Basaldúa, según lo que ha trascendido, es consecuencia de la débil operación desarrollada en materia laboral y que concluyó en el congreso sindical del 10 de julio, en el que una mayoría de 73 delegados desconoció la irregular toma de nota que los simpatizantes de Ayala Rivero -con Piña Rodríguez a la cabeza- pretendían se mantuviera y permitirle a su dirigente permanecer en la dirigencia hasta 2023.
Para sorpresa generalizada, fue electo Héctor Castelán Moreno en sustitución de Ayala Rivero en la presidencia del SUTGCDMX, para una gestión de seis meses, en la que deberá proponer una reforma al estatuto para homologarla con la nueva Ley Federal del Trabajo impulsada por Morena y que establece el voto libre, personal, secreto y directo en la elección de dirigentes sindicales.
Mediante ese tipo de votación, el nuevo subsecretario del Gobierno de la Ciudad, tiene la encomienda que se elija al sucesor de Castelán Moreno, con una serie de inconvenientes: ¿cómo se va a financiar la elección? ¿Con recursos públicos? ¿Con las cuotas sindicales?
Y un punto que es fundamental: los estatutos de los sindicatos son su ley fundamental. Es decir, ninguna ley -y ninguna es ninguna- puede obligarlos a elegir a sus dirigentes a través de un determinado mecanismo, como es en este caso el voto secreto, directo, libre y personal, previsto en el artículo 371 de la LFT.
Ese artículo violenta el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual en su artículo 3 punto 1 prescribe: “Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción”.
Y todavía más, el Convenio de la OIT en el punto 2 del mismo artículo 3 establece: “Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
Bien haría el subsecretario entrante del gobierno de la ciudad en leer con detenimiento el Convenio 87 de la OIT, no sea que si pretende impulsar una elección en contra de lo que establece el estatuto sindical en acatamiento a posibles instrucciones recibidas, desemboque en un revés jurídico.
No debe perder de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido que los convenios internacionales se encuentran por encima de las leyes federales. Es decir, prevalece en ese caso lo que establece el Convenio 87 de la OIT sobre lo que señala la ley laboral, lo que es combatible por la vía del amparo, y en última instancia ante el organismo internacional.
Los primeros pasos de López Montesinos al frente de la Subsecretaría de Capital Humano no ofrecen buenos augurios: ¿sabrá que el grupo de secretarios generales seccionales afines a Ayala Rivero, acusaron a Basaldúa y a José Luis García, director general de Política y Relaciones Laborales de golpeadores, por un incidente en el que la secretaria general de la sección 17, Leticia Lorencez fue empujada por una de sus compañeros y se quejaba de un golpe en la espalda?
¿Se reúne con Piña Rodríguez, el más cercano a Ayala Rivero, para dar la impresión que es uno de los precandidatos a la presidencia del SUTGCDMX a tomar en cuenta para las próximas elecciones? ¿Desconoce los ataques que durante la campaña presidencial de 2018 ese grupo lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum, incluida la siembra de trabajadores sindicalizados con cartelones ofensivos después del primer debate entre presidenciables?
El subsecretario parece caminar sobre una cuerda sin red de, percatarse siquiera. Con solo ver los videos del congreso sindical de julio, se percataría que Piña Rodríguez, micrófono en mano azuzaba en un afanoso intento por generar condiciones para hacer valer la irregular toma de nota de Ayala Rivero.
Además, ni siquiera se ha tomado la molestia de hacer la entrega formal de la secretaría de finanzas del SUTGCDMX, cartera que ocupó durante los ocho años que duró la gestión de Ayala Rivero.
PARA LA AGENDA
En el futuro de José Luis García Martínez, director general de Política y Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Capital Humano del GCDMX, parece que en enero tendrá que presentar su renuncia. Era quien manejaba en la práctica la relación con el SUTGCDMX. Con él deberá también irse Mauro Fernando Sánchez Durruty -hijo de Mauro Sánchez Méndez, ex asesor de Juan Ayala, al que se señala de ser autor de la idea de sembrar trabajadores con pancartas en contra del presidente López Obrador después del primer debate entre candidatos presidenciales-, quien con una plaza de líder coordinador se desempeñaba como secretario particular de Basaldúa…
