*Y Vamos de mal en Peor o Juzgue Usted
*Probabilidad de que se Denuncie un Delito es de 1.3%,
*De que se Esclarezca También el Mismo Porcentaje
*Es Ligeramente Superior al 1.14% del año Pasado
Por Nidia Marín
Es para sentarse a llorar de tristeza. Cuando uno lee a los acuciosos investigadores de Impunidad Cero en su trabajo sobre el Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019, (tercera edición del ranking de referencia nacional sobre cómo están trabajando las instituciones de procuración de justicia en el país).
El índice, señalan, se centra en una de las piezas clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia: “las procuradurías y fiscalías estatales, encargadas de investigar los delitos cometidos en los estados y realizar las acciones necesarias para que los responsables sean sancionados”.
Y realiza un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados.
Prepárese porque los resultados son catastróficos.
“A nivel nacional -dice el índice-, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018”.
Y prepárese, no tenemos para donde hacernos. Lo decimos porque… “Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%)”.
Hacen hincapié que denunciar un delito toma alrededor de dos horas con 21 minutos, aunque ello varía considerablemente entre estados.
Y ahí le va:
“Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
“En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.
“El adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia es fundamental para combatir la impunidad que impera en el país. Este Índice es una herramienta que busca que las entidades logren identificar qué políticas y qué prácticas funcionan para poder mejorar”.
Evidentemente, sin censurar a nadie (decimos nosotros), se deberá llevar a cabo una revisión de las necesidades de cada entidad en la materia porque, actualmente, es precario el presupuesto per cápita en procuración de justicia y desde luego urge personal capacitado en las diversas áreas.
Sólo hay que ver. En cuanto al presupuesto per cápita en procuración de justicia, la Ciudad de México se sitúa nuevamente en la primera posición, con un presupuesto de $740.57 pesos en promedio por cada habitante. Le siguen Chihuahua con $655.06 y Nuevo León con $607.83. En términos generales, se observa un comportamiento similar al del periodo anterior evaluado, ya que las entidades que ocupan las primeras posiciones se mantienen, aunque con algunas modificaciones, en el orden en el que habían aparecido. Lo mismo ocurre en el fondo de la tabla, ya que nuevamente Tlaxcala se sitúa como la entidad con el menor presupuesto por persona en procuración de justicia, con $106.11; seguido de Puebla y Oaxaca con un gasto de $140.16 y $166.10, respectivamente.
Además, en la larguísima investigación precisan que se observa una gran disparidad entre las entidades, ya que el presupuesto de la Ciudad de México es casi siete veces mayor al de Tlaxcala. “Estos dos indicadores de estructura (ministerios públicos y presupuesto per cápita en procuración de justicia) son condiciones necesarias mas no suficientes para el buen desempeño de las fiscalías y procuradurías de justicia penal; nos refieren la “capacidad institucional instalada” para los servicios de procuración de justicia en cada entidad. Serán los modelos de gestión, la política criminal, la distribución del trabajo y la profesionalización, entre otras variables, las que determinen los resultados y el impacto de estas organizaciones, mismas que se incorporan en el análisis de este índice”.
No pichicatear (no es ahorrar) nunca ha sido una buena política de gobierno. En cambio, manejar los recursos profesional y responsablemente se ha traducido a lo largo de los años no sólo en México, sino en el mundo en beneficios para la administración pública.
Los Investigadores son: Adriana Greaves Muñoz, Ana Ávila, Antonio Alvarado Guerrero, Arturo Ramírez Verdugo, Daniela Rea, Estefanía Medina Ruvalcaba, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, Julio j. Copo Terrés, Laura García Velasco, Luis Darío Ángeles González, Luis de la Calle, Luna Mancini, Mara Rivera, María Elisa Franco Martín del Campo, Mariana Díaz Figueroa, Paola Jiménez Rodríguez y Patria López Moreno.
