La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles que el Congreso de Nuevo León debe sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, por el uso de recursos públicos para recolectar firmas y obtener el registro de su candidatura.
«El 21 de junio de 2018, la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó sentencia al tener acreditado que 572 servidoras y servidores públicos y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de gobernador, faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República», detalló el tribunal en un comunicado.
El gobernador de Nuevo León y su secretario de Gobierno, Manuel Florentino González Flores, impugnaron la decisión de dicha sala bajo el argumento de que no se les dio derecho de audiencia, además de que el Congreso local no es su superior jerárquico y que la Sala Especializada se extralimitó al ordenar la sanción.
Sin embargo, los magistrados determinaron confirmar la sentencia, debido a que esta fue notificada correctamente a los actores por lo que no se puede impugnar, agregó el tribunal.
Por otra parte, la Sala Superior confirmó una multa por 115 mil pesos contra Rodríguez Calderón por no reportar aportaciones en especie en sus informes de campaña correspondientes al proceso electoral local 2014-2015 en Nuevo León, referentes a más de 570 mil mensajes de texto vía telefonía celular que le beneficiaron.
A principios de este mes, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, un exhorto al Congreso de Nuevo León para que sancione al gobernador Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ por la utilización de recursos públicos con el fin de obtener firmas para el registro de su candidatura independiente a la Presidencia durante el proceso electoral 2017-2018.
El Financiero publicó el pasado 3 de septiembre que Deyanira Balboa, exempleada del programa estatal Aliados Contigo, declaró ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), y aseguró que, en tiempo laboral para el Estado, se le obligó a recolectar firmas a favor de Rodríguez, bajo amenaza de despido en caso de negarse.
