La Comisión Nacional de los Derechos Humanos brindo las medidas cautelares a 11 familias que se vieron afectadas en el caso donde elementos de la policía estatal presuntamente ejecutaron de manera extrajudicial a ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Olivia Lemus Martínez, presidenta de la Comisión Estatal, destacó tener avances en la aplicación de las medidas, pero reconoció se han visto frenados debido a que varios integrantes de las familias no han podido ser localizados.
Hemos estado tenido problemas para la localización de estas personas para efecto que firmen las medidas de protección es en ese sentido en que estamos trabajando con CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas”, explicó.
La defensora se reservó a dar las identidades de los beneficiados al considerar que el caso es muy delicado.
Aceptó que existe la posibilidad que uno de los testigos podría ser sacado de la ciudad ante el riesgo de una amenaza en su persona. También consideró que posiblemente la Comisión Nacional emita una recomendación a las corporaciones policiacas, pero ocurrirá una vez que tome el caso.
Lemus Martínez no quiso aventurarse el tiempo en que se llevaran las investigaciones al considerarlo como algo irresponsable.
Sé que se están haciendo todas las investigaciones correspondientes y además hemos estado atendiendo la colaboración por parte de las autoridades del gobierno del estado de Tamaulipas para que esta investigación sea lo ms pronto posible y que se llegue a la realidad de los hechos”.
Las investigaciones que la Comisión realiza emanan de la denuncia que la Comisión Local de Nuevo Laredo interpuso por la supuesta ejecución extrajudicial de ocho personas, ocurrida el 5 de septiembre de este año en las avenidas 7 y 10 de la colonia Valles de Anáhuac.
Primeramente, la policía aseguró haber sostenido un enfrentamiento con hombres armados y que este terminó a las afueras de la casa de uno de los abatidos, identificado como Severiano Treviño.
Posteriormente, con testigos y videos la comisión local de Derechos Humanos, dijo que era mentira ya que los ahora occisos horas antes de su muerte habían sido detenidos por los policías.
Acusaron también de haber “sembrado” una camioneta con blindaje artesanal. Testigo de esa supuesta acción fue un operador de grúas de Transito Local.
La noche de este miércoles, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó la creación de una Fiscalía Especial por lo relevante del caso y nombro como Ministerio Publico de ese departamento a Adelfo Gabriel González Pérez para que se encargue del esclarecimiento de los hechos y deslinde las respectivas responsabilidades.
