El pleito entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la oposición continuó ayer. Mientras el primero anunció que presentará cargos por ocultar órdenes de aprehensión, presunta complicidad y obstrucción de la justicia en contra de Jorge Winckler Ortiz, el partido de oposición buscará reinstalar al exfiscal por medio del Congreso local.
Entrevistado previo a la entrega de Auxiliares Auditivos a beneficiarios del Sistema DIF, García Jiménez señaló que desde la llegada de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la FGE los crímenes han disminuido notablemente en la entidad, pues de seis a ocho que ocurrían al día, ahora son dos o tres.
«El exfiscal Jorge Winckler Ortiz era cómplice de delincuentes, porque escondió órdenes de aprehensión y apenas llegó la encargada de la fiscalía y logró 24 aprehensiones con base en esas que estaban escondidas», citó.
Agregó que los presuntos delincuentes que tenían órdenes de aprehensión escondidas se sorprendieron, «porque llegaron por ellos y querían seguir en la impunidad».
Sostuvo que con base en los cambios en la FGE se respira otro ambiente y que la designación de Verónica Hernández Giadáns como titular de la FGE será decisión del Congreso local.
Por su parte, 17 diputados locales presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de revertir la suspensión temporal de Jorge Winckler Ortiz de la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
Se trata de los 13 diputados de la bancada del PAN, el diputado priísta Juan Carlos Molina Palacios, el diputado independiente Eric Iván López Aguilar, la representante de Movimiento Ciudadano Ivonne Trujillo y el representante de la bancada Del Lado Correcto de la Historia, Gonzalo Guízar Valladares.
En conferencia de prensa, los diputados locales de la bancada albiazul reiteraron que el proceso por el que se destituyó temporalmente del cargo a Winckler Ortiz fue irregular, además de ilegal, por lo que se buscará el aval de la Corte para lograr revertir el acto registrado el pasado 3 de septiembre.
El coordinador de la bancada panista, Sergio Hernández Hernández, señaló que se trata de una medida con la que se demostrará que los legisladores locales actuaron sin las herramientas legales necesarias.
Reconoció que la resolución de la SCJN podría darse en un periodo de entre dos y tres meses; sin embargo, buscarán otras acciones para poder «frenar» los actos fuera de la ley que pretenden continuar realizando los diputados de la bancada de Morena.
