Con la oposición del PAN y el PRI, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular este martes el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen –que fue aprobado en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 66 favor y 45 en contra– fue remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Los senadores aprobaron las reservas propuestas por Napoleón Gómez Urrutia y Rocio Abreu. Posteriormente, se aprobó la propuesta de modificación hecha por Ricardo Monreal.
Ante la inconformidad del sector empresarial que ha señalado que la iniciativa criminaliza a los contribuyentes, el líder de la bancada de Morena, al presentar tres reservas, afirmó que el dictamen no establece “un terrorismo fiscal”.
Explicó que la iniciativa no está orientada a la generalidad de la población contribuyente, sino a aquellos que usan “a sabiendas” facturas falsas y aquellos que mediante empresas fantasmas perjudica al fisco.
“Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está “guácala”, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”, soltó la senadora priista Claudia Anaya Mota.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Durante la sesión, el senador Damián Zepeda, del PAN , señaló que esta reforma no resuelve el problema y que si hubiera existido apertura por parte del Gobierno y mayoría hubiéramos encontrado la manera.
«Lo único que logra esta reforma son dos cosas: prisión preventiva oficiosa y convertir en seguridad nacional este tema que lleva también a prisión preventiva oficiosa», detalló Zepeda.
