El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que los casos «Odebrecht» y «Estafa Maestra» que han sido llevados a los tribunales son un mensaje del compromiso del Gobierno Federal de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
Advirtió además que la Evaluación Nacional de Riesgo plantea un problema grave en materia de corrupción, pues México en el sexenio anterior pasó del lugar 72 en corrupción del mundo al 138, de 180 países analizados.
Al participar en la III Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, informó que en 2019 se realizaron acciones contra casos de talla internacional como Odebrecht, y se emitieron órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y familiares, así como contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Lo que pasó con (Emilio) Lozoya, lo que pasó con la estafa maestra, lo que ha sucedido en muchos de los casos que han sido llevados ante la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía los ha llevado a los tribunales, son un gran mensaje.
Un mensaje de que debemos de mantener el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad”, aseguró.
Ante los senadores encabezados por el coordinador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, Santiago Nieto recordó que la Secretaría de la Función Pública ha emitido una serie de sanciones, donde ha cambiado el enfoque.
Precisó que la idea no es sancionar al jefe de departamento que firmó el contrato, sino al secretario o a la secretaria que estuvieron involucrados en los actos de corrupción.
A pesar de que haya exsecretarias y exsecretarios de Estado que no hayan firmado los contratos, esto no los exime de responsabilidad, son responsables por encubrimiento y son responsables, además por comisión, por omisión.
Ellos y ellas tenían la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en su espacio administrativo y no lo hicieron valer, y esto implica una responsabilidad en términos de la normatividad penal”, abundó.
