La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la aplicación de “El Operativo Mochila Segura” durante la pasada administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas de educación básica en la Ciudad de México, por lo que emitió una recomendación al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
El organismo constató que las autoridades escolares y educativas carecen de un protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
En el caso de la Ciudad de México, la CNDH concluyó que en la aplicación, trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos.
Con motivo de los hechos ocurridos el 18 de enero de 2017 en la Ciudad de Monterrey, cuando un estudiante de secundaria disparó a su profesora y compañeros mientras estaban en el salón de clases, para luego dispararse a sí mismo, la SEP informó que trabajaría en medidas a aplicar a favor de la seguridad en los planteles educativos. Al día siguiente, la CNDH solicitó medidas cautelares a la SEP, para que en cualquier acción relativa a “El Operativo” se atendiera el interés superior de la niñez y se previniera cualquier afectación a sus derechos humanos, particularmente a la protección y salvaguarda de su integridad física y su derecho a la intimidad.
Dos días después, la SSP de la Ciudad de México informó que de manera coordinada con autoridades de la SEP, la colaboración de padres de familia en ocho mil 278 escuelas públicas y privadas y la participación de 12 mil policías, revisaron las mochilas de estudiantes para evitar introdujeran “objetos aptos para la agresión, tales como armas de fuego y punzocortantes, así como sustancias tóxicas”, y que “El Operativo” tenía como finalidad “garantizar la integridad personal y patrimonial de docentes, alumnos, padres de familia.
