Liliana Alvarado Baena, Directora de desarrollo económico y social del laboratorio de políticas públicas Ethos, habló en entrevista del estudio que presentaron que revela que no hay resultados claros en los sistemas estatales anticorrupción y dijo: “Muchos de los factores están incidiendo en que no hay resultados en los sistemas estatales anticorrupción, este laboratorio de políticas públicas hizo un análisis, de 10 de los 32 estados de la República y ahí nosotros identificamos que los principales problemas que tienen paralizados la implementación de los sistemas estatales anticorrupción están relacionadas con la subordinación política, están relacionados con los perfiles de muchos de los miembros de las autoridades anticorrupción son deficientes”.
Y también con el hecho de que sigue habiendo impunidad, e ineficiencia en el trabajo de estas autoridades y si hay un problema de presupuesto, dentro de esta muestra de 10 estados que nosotros analizamos, nos damos cuenta que seis de esos 10 estados recibieron un presupuesto menor al que la Secretaria Ejecutiva había solicitado, pero el problema no es que hubieran recibido menos recursos.
Lo que pasa es que hay estados como México, Guerrero y Ciudad de México que ni siquiera tienen recursos para operar y cuando te hablo de falta de idoneidad en términos de los perfiles que están escogiendo para el Comité de Participación Ciudadana, para las contralorías, para las fiscalías anticorrupción, para formar parte del cuerpo de magistrados, pasan muchas cosas.
Una es que en el Comité de participación ciudadana tenemos estados donde hay personas que no cumplen con el perfil, y el Comité justamente cumple la función de ser la conexión con la sociedad civil y la idea es que estas personas tuvieran experiencia en transparencia, en rendición de cuentas y anticorrupción.
Por ejemplo, hay estados como Baja California, donde uno de los miembros del CPC, es comerciante e ingeniero en electrónica, entonces ahí nos damos cuenta donde están las fallas y por qué no estamos dando resultados.
Tampoco podemos dejar de lado, la falta de voluntad política, tanto de los gobernadores como de los diputados locales, de realmente echar a andar el sistema, hay otras personas que pertenecen a un partido político, entonces son varios los problemas que nosotros identificamos a través de este análisis, que llevó como insumo más de 50 entrevistas, a miembros de sociedad civil, a academia, a miembros del sector privado, etc.
Es importante resaltar que son los Congresos locales los que aprueban los recursos, es cierto el discurso de esta administración ha sido el combate a la corrupción, no obstante es a la forma de entenderla de nuestro presidente, no necesariamente a través del sistema nacional anticorrupción y en los estados es lo mismo, es un combate a la corrupción a modo, porque cómo vamos a perseguir la corrupción con un fiscal a modo y esto es así porque no hay contrapeso a la voluntad política de los gobernadores.
