El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que en el presente año, las peticiones de asilo en México ha crecido de manera exponencial y alcanzarán, quizá, la cifra de 80 mil personas solicitantes.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que está claro que el apoyo decidido a los refugiados no puede limitarse a los esfuerzos que desarrolla la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sino que es necesario un esfuerzo del Estado mexicano y de todas las instituciones públicas.
En la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, anunció que el próximo 4 de julio se instalará una mesa interinstitucional para garantizar el desarrollo de una política y de mecanismos específicos que garanticen el acceso pleno de los derechos de migrantes y solicitantes de refugio para su integración al país.
Mencionó que participarán todas las dependencias involucradas en garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio y sumarán esfuerzos con distintos poderes públicos, órdenes de gobierno, organismos de la sociedad civil y la cooperación internacional.
Encinas Rodríguez mencionó que en la actualidad ningún ser humano puede ser considerado ilegal por su condición de migrante o solicitante de refugio.
«Hoy el fenómeno migratorio necesariamente está ligado no solamente a la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, sino al desarrollo económico, a la integración regional y, algo que tenemos que asumir con claridad, a la integración de migrantes y refugiados a nuestra vida en México”, subrayó.
Afirmó que la causa de los refugiados es un asunto de derechos humanos y refrendó el compromiso de garantizar el derecho al refugio como una de las prioridades de la política de protección y garantía de las personas que se encuentren en el país o que buscan la protección internacional.
“Este día de reflexión es importante refrendar el deber y convicción de preservar una de las políticas más significativas de nuestro país y una de las mayores aportaciones al derecho internacional, que es el de garantizar que ninguna persona en necesidad de protección internacional sea devuelta a su país”, expuso.
Dijo que «los refugiados y sus historias obligan a una profunda revisión de nosotros mismos como sociedad, para garantizar la protección y atención del estado a estas personas, y al mismo tiempo combatir la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior».
“No podemos repetir la política de los años 70, cuando por un lado se les brindaba asilo a los perseguidos del fascismo sudamericano, mientras al mismo tiempo se perseguía, torturaba y desaparecía a militantes y activistas políticos en nuestro territorio”, añadió.
