*México Requiere un Poder Judicial Confiable
*La Falta de Explicaciones Convincentes Siempre
*El Protestantismo Suma un Poco más de 30 por Ciento
*Los Abusos Sexuales Perpetrados por “Guías” Espirituales
*Sugerencia: López Obrador Debe Releer a Juárez
Por Silvestre Villegas Revueltas
El día en que se están escribiendo las presentes líneas, los medios de comunicación nacional e internacionales han dado cuenta de dos sucesos que por su importancia en la vida contemporánea del país traspasan la esfera de la privacidad individual de los señalados, esto es, la acusación por delitos sexuales de la fiscalía californiana en contra de Naasón Joaquín García, dueño y líder espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo. Por otro lado la puntual información de la autoridad bancaria británica acerca de los depósitos millonarios de dudosa procedencia a nombre del Ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora y la “coincidente” declaración del Ministro Presidente de la Corte, Arturo Záldivar, en el sentido de que el crimen organizado había entrado y actuaba cotidianamente a lo largo y ancho del sistema judicial mexicano; poder de la Federación que termina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en sus ministros, personajes que desde siempre han sido propuestos y, de acuerdo a la cruda realidad, nombrados por el Presidente de la República. Igual en las esferas de Washington, pero después de un examen realizado por sus inminentes pares. ¡¡¡Y Benito Juárez dónde encaja!!!
Allá por octubre de 1855, después de año y medio de guerra civil, que terminó con la caída luego destierro de Antonio López de Santa Anna y la llegada a la presidencia del último líder de la Independencia, Juan Álvarez, porque durante el conflicto y en medio de las represalias santannistas murieron Gordiano Guzmán y Nicolás Bravo, quienes generacionalmente corresponden a los personajes que pelearon durante la Independencia. En fin, la Revolución de Ayutla materializó su poder de transformación cuando el ministro de Justicia, Benito Juárez, elaboró y el gobierno suriano promulgó la Ley de Administración de Justicia, también conocida como Ley Juárez, que comenzó con el proceso que años después conocemos como leyes reformistas (1855-1867), éstas transformaron aspectos cardinales de las relaciones entre poderes del México independiente que va de aquellos años a la actualidad. Tradicionalmente y en los libros de texto de historia de México, en el discurso liberal-nacional revolucionario, o en sentido opuesto en los libros y declaraciones del conservadurismo mexicano de los siglos XIX al XXI, se ha subrayado que la Ley Juárez eliminó los fueros eclesiásticos y de los militares en los delitos del orden común para ser revisados por tribunales civiles. Ello es cierto, pero el resto del articulado y la racionalidad de la ley subrayaba y proponía sustanciales reformas al sistema de administración de justicia mexicano. Los cambios iban desde la regulación de los sueldos a jueces, magistrados y personal que ayuda a la configuración de los expedientes hasta la necesidad de que los juzgados tuvieran inmuebles decorosos, para que la ciudadanía apreciara los trabajos que un poder de la federación llevaba a cabo para solucionar las demandas de la sociedad mexicana, eminentemente pleitista. ¡¡¡Y la relación de situaciones pretéritas con los señalamientos actuales!!!
Vamos de atrás para adelante. Las declaraciones del Ministro Arturo Záldivar retoman una de las asignaturas pendientes para que México, pueda, efectivamente, llegar a convertirse en un país que disfruta de la democracia plena: esto es la independencia, efectividad y honradez del Poder Judicial en sus trabajos cotidianos. Cuando en la república mexicana muchos pleitos judiciales se resuelven sesgadamente en los juzgados estatales o por el contrario existen muchas demandas que por su importancia y peso político terminan en la Suprema Corte de Justicia, para que ésta sentencie en última instancia, lo repetimos, México requiere de un poder judicial confiable.
No se nos debe olvidar estimados lectores que los grandes temas, las acusaciones más transcendentales, los sucesos que han definido el último medio siglo en México, tienen por denominador común la falta de explicaciones convincentes, responsables intelectuales más allá de los ejecutores materiales de ciertos crímenes y la falta de sentencias históricas contra delincuentes o grupos de asesinos como ha sucedido en Italia, Chile, Argentina y los Estados Unidos. Recordemos algunos faltantes: los sucesos de Tlatelolco, el halconazo, la guerra sucia de los 70s, la quiebra bancaria en 1982, las responsabilidades en todo el proceso de privatización de los años noventa. Los casos individuales que se cebaron en las vidas de Clouthier, Buendía, Colosio, Ruiz Massieu, muchos periodistas, y más recientemente delitos como los niños muertos en la guardería del IMSS en Hermosillo, los desaparecidos de Ayotzinapa, los intereses que deforestan, contaminan ríos, construyen inmuebles con permisos amañados y un larguísimo etcétera que termina con las tramas Zafiro, Odebrecht, estafa maestra, responsables del huachicoleo. ¡¡¡Y dónde quedó el caso del apóstol Naasón!!!
El proceso de la separación entre la Iglesia Católica y el estado Mexicano en tiempos de Juárez tuvo tres etapas: 1. la mencionada ley fueros de 1855; 2. las Leyes de Reforma expedidas en Veracruz entre 1859 y 1860; 3. la convivencia entre las dos entidades que transitó de una intervención civil en los asuntos administrativos de la Iglesia Católica (Ley Iglesias o de Obvenciones Parroquiales, 1857), a la comprensión y modus operandi posterior a 1868 donde el clero mexicano que había sido derrotado por las armas prosiguió su misión apostólica y las autoridades civiles mexicanas hicieron cumplir las prohibiciones en torno a la religiosidad externa. La convivencia continuó durante el porfiriato y salvo los años del Huertismo y de la Guerra Cristera, “el entendimiento” continuó y se afirmó a lo largo del periodo 1940-1990 hasta los cambios, algunos dirían contrarreforma en tiempos de Salinas de Gortari y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, amén de la invalidación de las leyes que afectaban los intereses materiales de la Iglesia Católica en México. A la par de estos sucesos, entre 1861 y el 2019 ha sido innegable la aparición, desarrollo y fortalecimiento de las iglesias reformadas, evangélicas y que más allá de las cifras oficiales, la realidad es que en la república el protestantismo suma un poco más de 30 por ciento de sus habitantes. En el caso de que las acusaciones contra el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo sean ciertas, su caso se suma a otros tantos de personajes religiosos que en el mundo católico, en la esfera de la cienciología, de las sectas budistas, de las esclavas sexuales abusadas por “gurús” en Estados Unidos y México y otro largo etcétera, suman abusos sexuales perpetrados por “guías” espirituales que se aprovechan de las carencias afectivas de muchos seres humanos y de la miopía de ciertos padres de familia. El gobierno de López Obrador, si quiere ser congruente con el laicismo constitucional, debe releer a Juárez y comprender que los toros, sobre todo si son mañosos, se ven desde la barrera. Ni los apóstoles vivos ni clérigos de dudosas costumbres son de fiar, tampoco ciertos abogados.
