*Urgente una Reforma en la Materia
*Depurar Exceso de Normas y Lineamientos
*En lo Presupuestal Evitar los Despilfarros
*Contemplar Profesionalización y Carrera
*Simplificar Trámites y las Adquisiciones
Por Ezequiel Gaytán
Los clásicos de la Administración pública la definen como el gobierno en acción y eso significa que abarca al conjunto de las organizaciones públicas estatales que realizan funciones acerca de la conducción de los asuntos del gobierno mediante manejo eficiente y eficaz de recursos humanos, materiales y financieros, así como los servicios generales y tecnológicos de información y comunicación a fin de responder a las demandas y necesidades sociales. Se rige por el derecho Administrativo abarca los tres órdenes de gobierno y está presente en los tres poderes. Requiere personal especializado, a quienes conocemos como servidores públicos o burócratas; al frente de las instituciones están miembros de la clase política, pues responden a una ideología que es la del partido político en el poder. También hay personal operativo, casi siempre sindicalizado y todos están regidos por los principios constitucionales de las responsabilidades en la materia. De ahí que su trabajo es servir y producir bienes y servicios socialmente necesarios, sobre todo porque al final del día el comportamiento de la alta burocracia será evaluada por la ciudadanía en las elecciones.
El caso mexicano está regido por la ley Orgánica de la Administración Pública para el orden Federal y las respectivas de los estados; en dichos ordenamientos se sientan las bases de organización de las secretarías de estado, así como del sector paraestatal. De ahí que bajo el principio de una Administración pública organizada y alineada es fundamental, estratégico y prioritario si un gobierno desea servir a la sociedad mediante un manejo eficiente y eficaz de los recursos, con resultados de calidad, con oportunidad y satisfaciendo las demandas y necesidades sociales y por supuesto con sensibilidad política y entendimiento del contexto social y económico.
La actual administración modificó dicha ley y hoy México cuenta con diecinueve secretarías de Estado y una Consejería Jurídica, amén de la Fiscalía General de la República y poco más de 115 entidades públicas que, a su vez, están sectorizadas y coordinadas por las secretarías. En otras palabras, nuestro gobierno tiene la gran oportunidad de emprender una Reforma Administrativa que se oriente a resultados con programas tales como el jurídico que depure las excesivas normas y lineamientos, otro de índole presupuestal que evite despilfarros, uno más que contemple la profesionalización y la carrera de los servidores públicos, agregaría el de la simplificación de trámites, de adquisiciones, y el de informatización. Por supuesto le daría prioridad al vinculado con las quejas y demandas, así como al de transparencia y rendición de cuentas. Me dirán que todos los programas aquí aludidos y otros más ya existen, que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y que se mejorarán los controles y evaluaciones. Y, en efecto, seguramente estarán contemplados en el papel. Pero ¿estarán alineados en el ejercicio de la operación absorbente del día a día? No lo sé y hasta el momento no se observa tal alineación, más bien lo que se desprende de las noticias es que el gobierno trabaja mucho y que hace grandes esfuerzos con esmero y dedicación, pero los resultados esperados no están vislumbrando. Veámoslo a la luz de tres reglas administrativas: planear es hacer que los hechos sucedan como se desea que acontezcan, controlar es evitar desviaciones de los objetivos planeados y evaluar es confrontar lo planeado contra lo realizado o lo logrado.
Resulta que desde diciembre del año pasado el gobierno de la República nos presenta planes y programas de acción ambiciosos y bien intencionados, todos ellos nos ofrecen cambios cualitativos y cuantitativos, con un blindaje anticorrupción y con orientación a resultados eficaces y eficientes, pero no se observan cambios mínimos. Y es que el cambio social es de mediano y largo plazos, ya que implica alteraciones de los diversos estamentos sociales cuyas consecuencias sean manifestaciones en las conductas ciudadanas ligadas a normas y valores relevantes en la convivencia social, la vida cívica apegada a principios y valores democráticos vinculados con las libertades, los derechos humanos y la crítica y autocrítica; además de evitar extremos de opulencia y de miseria. Por su parte el cambio económico implica incrementar la productividad y el crecimiento, la calidad de los productos y su consecuente calidad competitiva en los mercados interno y externo, pues de ello dependerá la equitativa distribución de la riqueza. En lo jurídico se requieren leyes orientadas a la ágil y oportuna procuración e impartición de justicia y en lo administrativo que todo el esfuerzo del aparato burocrático esté alineado y articulado a objetivos y metas, mediante paradigmas de innovación, transparencia, apego a la ley, entendimiento de que las mejores prácticas vienen de enseñanzas de la Administración Pública comparada y, en gran medida de eficaces políticas de Estado en materia educativa, de salud y de seguridad pública.
No es fácil alinear al aparato administrativo, pues más allá de los manuales de organización está integrado por seres humanos a quienes los gobernantes del siglo XXI los han señalado como burócratas improductivos que se han opuesto al cambio. Y ese ha sido un gran error que junto al de la omisión de alinear la Administración Pública difícilmente se logrará el cambio.
