El Rechazo al Centralismo Ejercido Desde Palacio Nacional

Tema Principal

*Del Plan de Casa Mata a los Abusos del 2020

*Javier Corral y su Enfrentamiento Abierto con Hacienda

*Las Giras de 2019 y los Abucheos a los Gobernadores

*Recortes a los Presupuestos y Cancelación de Programas

*Desmantelamiento del Seguro Popular y Desatada Violencia

*La Rebelión en Marcha y el Arribo del Covid-19

Por Jesús Michel Narváez

Como hace 16 décadas, el Pacto Federal amenaza con fracturarse y regresar al centralismo que Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada impulsaron y que Porfirio Díaz utilizó para reelegirse y gobernar por 30 años. Hoy los gobernadores –cuando menos 12- rescatan las facultades expresas que les fueron conferidas a partir del Plan de Casa Mata y cuyos creadores, los liberales, se impusieron a los unitarios.

La historia revela que el Pacto Federal impidió el avasallamiento que pretendía llevar al cabo Agustín de Iturbide y hoy los mandatarios estatales buscan ejercer la soberanía estatal sin injerencia federal, cuyo objetivo en la actualidad es evitar que sus órdenes no se cumplan.

Los gobernadores, elegidos democráticamente, luchan en contra del federalismo centralista que se fortaleció y plasmó en la Constitución de 1917, cancelando la lucha de los liberales que se opusieron desde 1824.

Para los liberales, relata el historiador Luis Medina Ascencio “el federalismo mexicano tiene razones y raíces que se remontan a la evolución social, económica y política de la Colonia y que fraguaron en los últimos años de ésta y los primeros años de la vida independiente del país.

“Después de la independencia, la pretensión de Agustín de Iturbide de centralizar el poder con base en la monarquía se topó con la militante resistencia de las provincias a ceder autoridad política”.

En su documentada investigación, Medina Ascencio revela que el “el triunfo del Plan de Casa Mata, al que se adhirieron las élites provincianas, significó la confirmación en los hechos de los poderes regionales, espíritu con el cual las provincias enviarían sus diputados al congreso constituyente de 1824. Así, la adopción del primer sistema federal fue un movimiento de la periferia al centro; resultado de una realidad política y no copia del federalismo estadounidense. El arreglo federal de 1824 produjo una doble relación asimétrica, por un lado, federación débil-estados fuertes y, por otro, poder ejecutivo limitado-congreso fuerte.

Esta situación determinó la lucha de los años posteriores (hasta 1867, aproximadamente) entre dos facciones principalmente: la unitaria y la federalista. Por un lado, los federalistas tenían el interés por evitar un poder central despótico y defender las libertades individuales (liberalismo), mientras que a los unitarios les preocupaba la eficacia del gobierno central para garantizar la seguridad nacional frente a las intenciones expansionistas de Estados Unidos. La confrontación se resolvió a favor de los federalistas liberales; primero en 1857 y, de forma definitiva, en 1867 con la derrota de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República”.

Hoy los gobernadores hurgan en la Constitución y en las leyes que de ella emanan las herramientas que les permitan ser parte de la Federación y no súbditos del poder centralizado que ejerce la administración del presidente Andrés Manuel López.

La historia, sin embargo, no comenzó con el nuevo gobierno, el de la cuarta transformación. En la época moderna fue Javier Corral Jurado el que se enfrentó abiertamente con la federación por un adeudo de 900 millones de pesos que no le fueron entregados a la Hacienda de Chihuahua. Durante meses reclamó lo que, desde su asesoría jurídica, le correspondía por derecho. Las negociaciones se realizaron ríspidamente y al final el secretario de Hacienda, José González Anaya terminó cediendo y pagando mil 300 millones de pesos.

Pero ha sido en la presente administración que los gobernadores se sienten marginados en la toma de decisiones centralistas que emergen de Palacio Nacional.

LOS ABUCHEOS, FALTA DE RESPETO

Con su abrumador triunfo, Andrés Manuel López inició a recorrer el país, ya como presidente en funciones, aunque también lo hizo durante cinco meses en calidad de candidato ganador y presidente electo.

En cada evento que encabezaba y guardando la liturgia política era acompañado por el gobernador de la entidad. Las “fuerzas vivas” abucheaban a los mandatarios y clamaban por ser parte del equipo del hombre que durante 12 años no cedió un ápice en su ambición por convertirse en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante todo 2019, las giras presidenciales se destacaron por el rechazo a los gobernadores y el aplauso, la ovación al que prometió cambiar al país, desterrar la corrupción, investigar a los exfuncionarios y si el pueblo lo decide en consulta popular “enjuiciar a los expresidentes”.

A los gobernadores les “leyó la cartilla” –y no precisamente la Moral de Alfonso Reyes- y en sus discursos repetía sus principios: no mentir, no engañar y no robar.

Pasó 2019 y para los gobernadores la conducción de sus estados se complicó más aún.

Recortes de partidas presupuestales, cancelación de programas, desaparición paulatina hasta desmantelar lo del Seguro Popular, abandono de zonas de riesgo por la excesiva violencia del crimen organizado y el narcotráfico; falta de recursos para obras indispensables y la negativa presidencial de recibir a los gobernadores en bloque. “Me van a echar montón”, justifica el Presidente para no atenderlos en Palacio Nacional.

EL COVID-19, DERRAMÓ EL VASO MEDIO VACÍO

Con la desaparición de facto –aún no se legislaba al respecto- del Seguro Popular las entidades dejaron de recibir 40 mil millones de pesos. Los reclamos no se hicieron esperar sobre todo cuando los mandatarios fueron obligados a firmar su participación en el sustituto del SP: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La rebelión comenzó. Ocho de los 10 gobernadores del PAN más el del PRD y cinco del PRI se negaron a ser parte del Insabi bajo el argumento de que la salud no es negocio del Estado mexicano. Todo porque se establecía que las atenciones y consultas en los hospitales y clínicas serían gratuitas hasta el segundo nivel. Las de especialidades, las de tercer nivel, se tendrían que pagar.

Corría enero y la discusión no cesaba cuando hizo su aparición el coronavirus más tarde identificado por los científicos como Covid-19.

Sin la infraestructura hospitalaria funcionando por el desmantelamiento al SP, los mandatarios no tenían forma de atender a sus gobernadores. Y comenzaron a exhibir que la Federación no les dotaba de instrumental médico, insumos para atender a los pacientes a fin de evitar el contagio del personal de sanidad y la carencia de ventiladores y camas dedicadas a quienes habían sido atacados por el letal virus.

Entonces se inició el reclamo mayor: revisión del Pacto Fiscal.

El tema encendió los ánimos y el choque entre gobernadores y el presidente junto con parte de su gabinete el secretario de Salud, directores del IMSS e ISSSTE, entre otros- creció hasta que en una conferencia matutina, el primer mandatario expresó que se revisaría pero que no eran los tiempos. Justificó el reparto de recursos a las reglas fijadas en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

EN 1857 ARREBATARON FACULTADES ESTATALES

De acuerdo con los historiadores, en la Constitución de 1857 el centralismo liberal se convirtió el cooperativo fortaleciendo al Gobierno de la República en perjuicio de las haciendas estatales.

Desde entonces se fijaron facultades para la Federación que antes ejercían los Estados y que paulatinamente entraron en vigor. Minería y comercio al igual que Derecho marítimo en 1893; Impuesto sobre el Timbre y Gravámenes al comercio y al consumo de bienes 1896; Títulos de deuda pública pagados en el extranjero en 1901; Determinación de aguas de jurisdicción federal y Legislación en materia de salubridad 1908.

Y nadie, ningún gobierno comenzando con Porfirio Díaz hasta Miguel de la Madrid hizo cambios para fortalecer a los estados libres y soberanos y a los municipios libres.

El también historiador Wallace Oates define el federalismo de la siguiente forma:

El federalismo es un sistema de gobierno en el que el territorio político está dividido en unidades (territorios o estados) semiautónomos, cada una con su propio gobierno, pero que están unificados por un gobierno en común (federal). Ya que los gobiernos territoriales y el gobierno federal comparten el mismo territorio inevitablemente deben relacionarse entre sí. Esta relación ha sido tratada por los científicos políticos de dos formas principalmente:

La primera enfatiza la distribución de la autoridad para gobernar entre los dos niveles de gobierno, ya sea entendido como descentralización o como pacto o alianza entre iguales, el federalismo se caracteriza por la combinación de los principios de unidad y autonomía interna entre una amplia variedad de organizaciones políticas. Lo esencial reside en comprender qué funciones e instrumentos asignar a cada uno de los niveles de gobierno que intervienen en el sistema.

La segunda enfatiza las relaciones entre los gobiernos y el público, ya que cada unidad tiene sus propias preferencias y decisiones que tomar, que tienen efecto directo en sus respectivas poblaciones. Ambos niveles rigen de manera conjunta el mismo territorio y la misma población, y cada uno tiene autoridad, dentro de su esfera de competencia, para tomar decisiones de manera independiente del otro.

Bajo cualquier enfoque, la frontera que delimita la autoridad del gobierno nacional de los subnacionales es de vital importancia. La frontera puede ser muy gruesa o puede ser que los gobiernos (nacional y subnacionales) compartan la autoridad (poderes y obligaciones). Las interacciones entre los distintos niveles de gobierno, y en última instancia la capacidad y la efectividad del federalismo, dependen de estas asignaciones de autoridad. En resumen: las federaciones se caracterizan por a) división geopolítica, b) independencia y c) efecto directo sobre las poblaciones.

No obstante los análisis, definiciones y responsabilidades compartidas, jamás se abordó el tema de los municipios hasta De la Madrid quien propuso y el Congreso las aprobó, iniciativas que modificaron el centralismo político y administrativo al desconcentrar atribuciones hasta entonces reservadas a los órganos centrales, delegar funciones y reubicación de organismos y entidades gubernamentales en los estados; se impulsó la creación de los Comités de Planeación y Desarrollo Estatal (Coplade) y sus contrapartes municipales (Coplademun) y otorgar a los municipios potestades tributarias, de prestación de servicios públicos y de planeación urbana.

Después vendría la reforma de Carlos Salinas de Gortari cuya esencia se movió en el eje de la transferencia de servicios de educación básica a los estados y, además, el Programa Nacional de Solidaridad que buscó fortalecer a regiones y comunidades en tres grandes ámbitos de acción: bienestar social, producción y desarrollo regional.

Y la de Zedillo bajo el rubro de “Nuevo federalismo” reformó la Suprema Corte de Justicia, instauró nuevas reglas para la distribución de ingresos, separación más efectiva –la sana distancia- entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la disminución del poder presidencial, el fortalecimiento de las instituciones municipales y estatales, mayor autonomía en los niveles inferiores del gobierno, entre otras medidas.

EN BÚSQUEDA DEL NUEVO FEDERALISMO

Aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) han intentado dialogar con el presidente López, hasta ahora ha sido imposible. Por ello, cada cual lanza sus arengas, sus críticas y sus reconocimientos a la administración en turno.

Coinciden ambas agrupaciones, que para fines pragmáticos se concentran en la primera, en la necesidad de revisar el Pacto Fiscal y enseguida el Federal.

La presión ejercida por el gobierno del presidente López a través de los llamados súperdelegados y la restricción para obtener créditos en instituciones bancarias para solventar necesidades básicas, han crispado la relación entre el Poder Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales.

Todo indicaría que los gobernadores leyeron la historia del federalismo y quisieran regresar a sus orígenes, cuando se trataba de provincias y no de estados, pero que en la Constitución de 1824 se les respetaron sus facultades hasta que arribó el federalismo cooperativo impulsado y fortalecido por Juárez y Lerdo de Tejada.

La apuesta es modificar el Pacto Fiscal, en primera instancia, y después el Pacto Federal para que los gobiernos sean, en la realidad, libres y soberanos, aunque sometidos por la norma jurídica que rige en el país: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo pronto, la discusión está a flor de labios pero nadie ha dado el primer paso, salvo mediante reclamos en ocasiones airados por la forma en que se gobierna en la actualidad, con prioridades personalizadas y no sustentadas en las necesidades de la población.

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